Desde 1979, se elige a los miembros del Parlamento Europeo por sufragio universal directo. Sin embargo, hasta ahora, las campañas previas a los escrutinios abordaban muy poco las problemáticas europeas, o sólo de una manera vaga o a modo de un canto de sirenas, estilo “mañana la Europa social”. En realidad, todos sabían perfectamente que esas elecciones tenían un objetivo muy diferente: medir las relaciones de fuerzas políticas en el seno de cada país. 

Esta instrumentalización era difícilmente evitable en la medida en que la composición del Parlamento era el resultado de tantas elecciones nacionales como Estados miembros tenía la Comunidad Económica Europea (CEE), convertida en Unión Europea (UE) en 1993. Por otra parte, sólo una ínfima minoría de ciudadanos tenía claro el papel de la Comisión Europea (CE), del Parlamento, del Consejo Europeo (confundido a menudo con el Consejo de Europa), y del Tribunal de Justicia. Sin hablar del Banco Central Europeo (BCE). Siendo así, “Bruselas”, denominación genérica para el conjunto de las instituciones comunitarias, tuvieran o no sede en la capital belga, surgía como una entidad burocrática externa, e incluso extranjera, sobre la que los electores no tenían, de todas formas, ninguna influencia. Lo cual no incitaba a votar. 

La idea de que las principales políticas nacionales son solamente la transcripción de decisiones tomadas a nivel europeo tardó en coger forma. Fue en Francia donde esta toma de conciencia se dio con mayor prontitud, lo cual explica la victoria del “no” en el referéndum del 29 de mayo de 2005 sobre el tratado constitucional europeo. La crisis de la deuda soberana aceleró y amplió geográficamente esta toma de conciencia. En cierto modo, la implantación, en el seno de la zona euro, de la troika (CE/BCE/Fondo Monetario Internacional) dotada de todos los poderes sobre los gobiernos afectados por “planes de rescate”, constituyó una verdadera clase magistral sobre el funcionamiento de la Europa institucional. Estas tres estructuras no elegidas y sin obligación de rendir cuentas a nadie han actualizado el concepto de “soberanía limitada” que regía las relaciones de la Unión Soviética con las “democracias populares” o, en el siglo pasado, las de Estados Unidos con las repúblicas bananeras de América Central y del Sur. 

Esta vez, la potencia imperial es la de las finanzas internacionales, teniendo como relevo operativo gobiernos europeos adeptos a la servidumbre voluntaria. Pero, ¿dónde están los disidentes, como los que conoció la Europa del Este, o los insurgentes que se enfrentaban a las dictaduras de América Latina? ¿Podrá el próximo Parlamento Europeo desempeñar ese papel introduciendo al menos unos granitos de arena en un engranaje neoliberal del que el euro es la pieza central?

Tenemos buenas razones para dudar de ello, si bien los poderes de que dispone para tales efectos no son desdeñables. El modelo que se instala, en realidad, en las capitales europeas es el de “grandes coaliciones” que reúnen a partidos conservadores y socialdemócratas o, lo que es lo mismo, gobiernos –como el de François Hollande en Francia– elegidos proclamándose de izquierdas para luego llevar a cabo una política de derechas. Este modelo es el que ha prevalecido en el Parlamento Europeo desde 1979, y que será sin duda aplicado después de las elecciones de mayo.

A la luz de la experiencia, los debates de los próximos meses tendrán, sin embargo, una ventaja: poner en evidencia que no existen políticas nacionales progresistas sin ruptura con el orden jurídico y monetario europeo. A ese respecto, estas elecciones serán las más “europeas” que se hayan organizado nunca...