La palabra que una y otra vez se hace presente en el debate político de América Latina es: integración. Y el modelo que durante mucho tiempo se ha usado como referencia es el de la construcción europea. En 1960, o sea dos años después del nacimiento de la Comunidad Económica Europea (CEE), se creaba el Mercado Común Centroamericano (MCCA), seguido en 1961 por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), precursora de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración (1980)). Más tarde, se fueron multiplicando las estructuras: CARICOM (ex CARIFTA) para el Caribe (1973), el Pacto Andino, que pasó a ser la Comunidad Andina de Naciones (1977), y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) creado por el tratado de Asunción de 1991. Todas estas instituciones se asentaban en un principio tomado de la CEE, devenida Unión Europea (UE) en 1993: el desarrollo de cada Estado miembro pasa por la creación de mercados regionales fundados en las reglas del libre comercio y sin mecanismos de regulación política de la economía.

Con excepción del MERCOSUR, lo único que ofreció esta perspectiva –en el mejor de los casos– fueron resultados irrisorios. Por una razón evidente: los intercambios intrazona no representan más que una fracción mínima del comercio exterior de los países involucrados, dado que el grueso de sus exportaciones e importaciones se da con Estados Unidos. Esta potencia no pretende en lo más mínimo renunciar a su hegemonía regional, y utiliza todos los medios, especialmente el de los tratados bilaterales, para preservarla. Frente a Washington, hasta hace poco, sólo había Estados de débil peso político, cuyas elites –en su gran mayoría– tienen su mente y sus cuentas bancarias en Miami.

El objetivo de Washington era sencillo: crear una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra de Fuego, o sea, recolonizar el resto del Hemisferio creando relaciones totalmente asimétricas entre “el tiburón y las sardinas” como decía Fidel Castro con respecto a la Organización de Estados Americanos (OEA). Tal era el significado del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) lanzada en la Primera Cumbre de las Américas, en diciembre de 1994 en Miami, y que, por influencia del Presidente Hugo Chávez, sería finalmente sepultada en la Cumbre de Mar del Plata en 2005. Poco antes, en enero de 1994, había entrado en vigor un mini ALCA: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que unificaba a Estados Unidos, Canadá y México. Su balance es catastrófico, sobre todo en la agricultura. Más aún, este balance constituyó el mejor argumento contra el ALCA.

Estos últimos años, el motor de la integración latinoamericana ha sido menos el comercio que la voluntad política. La Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA), nacida en 2004, sobre bases que rompen con los dogmas neoliberales del FMI y de la OMC, reúne a nueve países (Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y tres micro Estados del Caribe anglófono). La Unión de las Naciones Suramericanas (UNASUR), creada en 2008, congrega a los doce países de América del Sur, dejando a Estados Unidos del otro lado de afuera. Con ocasión de la Cumbre de Bariloche (Argentina, agosto de 2009), la UNASUR adoptó una posición firme contra la instalación de siete bases militares americanas en Colombia, las cuales, así como la IV Flota desplegada en el Atlántico Sur, son vistas como amenazas directas a la soberanía y a los recursos naturales del resto del subcontinente.

Por distintas vías, pero convergentes, la unidad latinoamericana se construye en el marco de una visión geopolítica de autonomía con respecto a Washington. Una lección para Europa... 

 

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