“Es ella”. Arcenio Osorio nos señala con el dedo la inmensa montaña que domina la aldea de Santiago Lachiguiri, en el estado mexicano de Oaxaca, istmo de Tehuantepec. “Ella da de beber a todas las ciudades de la región y para nosotros, los zapotecos, es sagrada. Queríamos protegerla de manera oficial”, agrega el secretario de la Asamblea Comunitaria, una estructura tradicional electa que organiza la población de la aldea. Los ocho mil habitantes del municipio siempre participaron en la preservación de “su” Cerro de las Flores. Por otra parte, la Comisión Nacional de las Áreas Naturales Protegidas (CONANP) clasificó su “biodiversidad excepcional”, debida “a la excelente conservación de los ecosistemas”.

Abajo, en los pequeños valles, crece el café de cultivo biológico. En las laderas de las montañas, se suceden árboles y sembradíos de maíz. Tras largas horas de caminata y escalada, se accede a bosques de pinos, al pie de los cuales abundan cientos de especies de flores. La altitud (2.200 metros) y la roca forman una esponja natural que capta la mayor parte del agua que es consumida en la región. Hoy día, esta montaña es un caso digno de ser estudiado por las políticas conservacionistas.

En agosto de 2003, el Cerro se convirtió en la primera “reserva comunitaria voluntaria” de México. Según lo define la CONANP, se trata de un “mecanismo de conservación instalado pedido por la comunidad, que protege las riquezas naturales y propone a los habitantes actividades económicas alternativas y sostenibles. En México son administradas así 207.887 hectáreas”. Sin embargo, siete años más tarde, en la Asamblea Comunitaria de enero de 2011, los habitantes votaron el abandono del estatuto de “reserva”. “El gobierno nos engañó –explica Osorio–. Y aunque seguimos siendo los legítimos propietarios del territorio, perdimos su control”.

Se palpa la irritación, pero la frase no es pronunciada a la ligera : el comisario encargado de las tierras de la aldea, Enan Eduardo, retoma los términos empleados. ¿Engaño ? “Descubrimos que la certificación de las 1.400 hectáreas del Cerro de las Flores implica un periodo de treinta años de conservación y no de cinco, como se había decidido en nuestra votación”. ¿Pérdida del control del territorio ? “Esta política de conservación significa que también nosotros tenemos que cambiar nuestros modos de producción, aunque eso carezca de sentido en el plano ecológico”.

La certificación de las tierras significa la aplicación de un plan de ordenamiento, precedido de un diagnóstico del territorio. Dos tareas que efectuaron Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e instituciones (Ministerio de Ecología, CONANP, etc.). Se suponía que empezarían con “talleres participativos” para informar, escuchar y decidir con los habitantes. Ahora bien, en Santiago Lachiguiri ese proceso, considerado capital para el éxito de una política conservacionista, no fue realizado correctamente. Si bien la CONANP asegura que hubo “participación e información a los habitantes”, Osorio señala : “Los acompañamos por todas nuestras tierras y respondimos a sus preguntas. Pero no teníamos la menor idea de lo que preparaban”.

Resultado : la zona de conservación incluye las laderas de la montaña, donde 140 campesinos cultivaban maíz. Quinientas diecisiete hectáreas suplementarias entran en el sistema de “Pago por Servicios Ambientales” : se prohíbe la actividad productiva, pero la comunidad recibe 400 pesos (24 euros) por hectárea y por año, es decir 12.408 euros anuales. Es poco. El plan también definió una serie de actividades que se suponía iban a aumentar los recursos sin perjudicar el medio ambiente. Con dos proyectos estrellas : una actividad eco-turística y una planta de embotellamiento de agua. Cuatro años después, ambos fueron abandonados. Dos cabañas destinadas a los turistas nunca funcionaron –esa zona recóndita es poco atractiva– y el coste del transporte del agua embotellada condenó la empresa.

Pero lo que avivó el conflicto fue sobre todo la cuestión agrícola. La comunidad cultiva utilizando la técnica de “roza, tumba y quema” : la parcela se deshierba, luego se quema y se siembra cada siete años. La ceniza constituye un abono natural, la madera sirve para cocinar y se planta maíz, frijoles, tomates y pimientos.

“La agricultura itinerante puesta en práctica, con reglas estrictas, ofrece la mejor manera de cultivar sin destruir el medio ambiente. Los mayas fueron expertos en esta técnica, tanto para la producción como para la reforestación”, explica el científico y etnólogo Eckart Boege.

Pero las instituciones –tanto mexicanas como internacionales– identificaron este cultivo itinerante como la nueva gran amenaza. “¡Todos contra el fuego !”, exclaman al unísono, dado que, para obtener financiación, la captura de carbono se había convertido en el elemento central de las nuevas políticas conservacionistas. En México, el método de tala y quema provocó, en efecto, importantes degradaciones : deforestación, empobrecimiento del suelo, rarefacción del agua, reducción de la biodiversidad, etc.

Sin embargo, no sucede así en las tierras de los pueblos indígenas que, como en Santiago Lachiguiri, establecieron un reglamento comunitario obligatorio y estricto para cultivar (1). “Si la técnica es bien utilizada, se llega a aumentar la diversidad y la masa biológica del bosque. Al quemar se produce carbono, pero se captura más en el momento de la regeneración”, explica Álvaro Salgado, agrónomo y autor de un estudio sobre dicha técnica. Esos aportes, reconocidos en publicaciones científicas, son rechazados por la CONANP, que dispone de otro proyecto para la aldea : la agroforestería, un sistema que integra los árboles (en este caso albaricoqueros) en un cultivo permanente (2). El enfoque impuesto a los habitantes, también mal elaborado, no convenció. En tres años la tierra se empobreció. Los árboles crecían raquíticos. “Como el maíz apenas se desarrollaba, bien pronto la CONANP nos aconsejó usar productos químicos para enriquecer la tierra”, relata Eduardo. Otra consecuencia : la mayoría de los 140 campesinos afectados por la pérdida de las tierras abandonaron la aldea. Algunos optaron por emigrar a Estados Unidos ; otros se fueron a la ciudad. Hubo aquellos que se pusieron a trabajar en las obras de la autopista más cercana y los más jóvenes se alistaron, tras una campaña de reclutamiento del ejército.

No contenta con exigir la anulación de la reserva y el fin del “Pago por Servicios Ambientales”, la comunidad envió dos representantes al Foro Alternativo que tuvo lugar en paralelo a la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático (COP 16, en inglés) en Cancún, en diciembre de 2010. Su objetivo : denunciar las políticas de conservación impuestas. Su testimonio era capital. En efecto, fue precisamente la COP 16 la que aprobó el acuerdo para la conservación de los bosques propuesto en la COP 13, en Bali, en 2007 : el programa REDD (Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques).

Incapaces de ponerse de acuerdo sobre una reducción de sus emisiones de gas de efecto invernadero, con REDD los gobiernos esperan poder recortarlas en un 15% y al mismo tiempo evitar la deforestación. ¿Una buena doble idea ? Sin ninguna duda, en opinión de Diego Rodríguez, el enviado especial del Banco Mundial en la Cumbre de Cancún : “REDD nos permitirá prepararnos para el cambio climático”.

No obstante, el dispositivo poco se preocupa de la situación de los 300 millones de personas que viven y dependen del bosque en todo el mundo. REDD funciona basándose en el principio de la “compensación” : una empresa o un país que contamina podrá compensar sus emisiones de gas de efecto invernadero (traducidas a su equivalente en toneladas de carbono) “protegiendo” un bosque. Aunque el enfoque pretende ser científico, el dispositivo no convence al conjunto de los investigadores. Así, la Universidad de Stanford en California probó que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático había subestimado en un tercio el carbono almacenado en un bosque de Perú (3).

“Almacenar el carbono implica prohibir la tala de árboles –explica Anne Petermann, de la Organización No Gubernamental (ONG) Global Justice Ecology Project–. Los grupos indígenas se oponen a REDD porque consideran que forzosamente eso va a producir el desplazamiento de las comunidades o tener un fuerte impacto sobre su forma de vida, sin cambiar en nada la contaminación y el cambio climático”. Presentes en un número importante en Cancún, los representantes de los pueblos indígenas esperaban imponer el principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades locales (CLPI) antes de cualquier aplicación de un proyecto REDD. “Queremos tener el derecho de decir ‘no’ si una empresa desea compensar sus emisiones de carbono en nuestras tierras”, dice Onel Masardule, representante del pueblo Kuna de Panamá. Ahora bien, el texto final se limitó a incluir una referencia a “garantías sociales y medioambientales” aún sin definir. Asimismo, si bien se menciona la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas –que estipula que “los pueblos autóctonos tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo y la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos”–, ella no es vinculante. Además, dos informes recientes (4) sobre la cuestión del respeto a las poblaciones autóctonas en los programas REDD indican que los derechos territoriales y los principios de consulta e información de los habitantes son sistemáticamente burlados.
Hace seis años que empresas (Shell y Gazprom en Indonesia, BP en Bolivia, Río Tinto en Australia), países (Noruega en Brasil y en Indonesia, Francia en México) y fondos especiales de instituciones internacionales como el Banco Mundial y distintas agencias de las Naciones Unidas financian diversos proyectos. Si bien el Acuerdo de Cancún no zanja la cuestión de los modos de financiación, ya fue diferida la propuesta –que el Banco Mundial siempre defendió– de hacer entrar los créditos carbono de la REDD en el mercado mundial de las emisiones de carbono.

Hoy se admite que esos mercados no permitieron ninguna reducción de las emisiones de carbono ni favorecieron la financiación de una economía menos contaminante. “El comercio del carbono no alienta la disminución del uso del carbono, da la ilusión de que la contaminación puede ser compensada. Si la REDD entrara en un mercado del carbono, dando un ‘valor carbono’ al bosque, se podría desembocar en una gran ola de especulación de bienes raíces”, estima Kate Dooley, especialista de bosques para la ONG FERN. Sin embargo, los países llamados desarrollados, que tienen una responsabilidad histórica en el cambio climático, se negaron a financiar solos la REDD. Por lo que la cuestión fue postergada para la 17ª Conferencia sobre la Convención de Cambio Climático prevista en Durban, Sudáfrica, a partir del 28 de noviembre de 2011.

No sólo todos los informes del Banco Mundial insisten en que el dinero público no bastará para financiar la implementación de la REDD y que habrá que recurrir a la financiación privada –las estimaciones varían entre 15.000 y 50.000 millones de dólares al año, mientras que en la actualidad los fondos disponibles suman unos 2.000 millones de dólares (5)–, sino que subsiste una pregunta : ¿Qué hay de los pequeños campesinos que desean seguir cultivando su maíz conservando una parte de sus tierras ? En la 16ª Convención sobre el clima, el presidente mexicano Felipe Calderón declaraba : “Vamos a pagarles a los campesinos para que en lugar de sembrar maíz en la montaña, planten árboles y vivan de los pagos que reciban por servicios ambientales”.

 

(1) Obligación de barbecho cada siete años, medidas estrictas sobre el fuego, instalación de barreras contra la erosión, etc.

(2) Mark Hertsgaard, “Comment le Sahel reverdit”, Le Monde diplomatique, París, agosto de 2010.

(3) Estudio realizado en agosto de 2010 por Greg Asner, de la Carnegie Institution for Science in Stanford, sobre 43.000 kilómetros cuadrados de bosque en la región de Madre de Dios, en Perú.

(4) Kate Dooley, Tom Griffiths, Francesco Martone y Saskia Ozinga, “Smoke and mirrors : a critical assessment of the Forest Carbon Partnership Facility”, Fern and Forest Peoples Programme, Bruselas, febrero de 2011, y Emmanuel Freudenthal, Samuel Nnah y Justin Kenrick, “REDD and rights in Cameroon”, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh (Reino Unido), febrero de 2011.

(5) Alain Karsenty, “Le coût de la lutte contre la déforestation est terriblement sous-évalué”, Centro de Cooperación International en Investigación Agronómica, Novethic, París, diciembre de 2009.