Para la Comisión Europea, la forma privilegiada e incluso la única de relación entre la Unión Europea (UE) y terceros países es la conclusión de tratados de libre comercio. El argumento esgrimido –y que la realidad desmiente– es que el aumento de volumen del comercio resulta mutuamente beneficioso para las partes y contribuye al crecimiento de la riqueza global. Los neoliberales ocultan deliberadamente la verdadera razón de ser de dichos acuerdos: utilizar las asimetrías sociales, ambientales, legales y fiscales entre los socios para reducir los derechos de los trabajadores y seguir ampliando el margen de lucro de las empresas, especialmente las transnacionales.

De esta forma, cada nuevo avance del libre comercio, ya sea a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por intermedio de tratados bilaterales, conlleva automáticamente un retroceso de los derechos adquiridos por el conjunto de la ciudadanía de los países involucrados, y dificultades adicionales para conquistar otros nuevos. Se desarrolla así un verdadero trabajo de zapa contra la cohesión de las sociedades a través de negociaciones generalmente secretas, cobijadas bajo el manto del tecnicismo, cuando sus implicaciones son netamente políticas.

La UE constituye un dispositivo ideal para este “pase de magia”. Efectivamente, la Comisión Europea, bastión del neoliberalismo, es quien, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, maneja sin ningún control las negociaciones comerciales con el resto del mundo. El último de los proyectos más perniciosos de Bruselas es el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) negociado entre la UE y Canadá. Iniciadas en mayo de 2009, las conversaciones deberán desembocar en la firma de un acuerdo a finales de este mes (julio de 2010).

Para las multinacionales europeas, el primer objetivo del AEGC es el desmantelamiento de los servicios públicos –educación, salud, agua, servicios sociales, gestión de residuos, etc.– que son competencia de las autoridades provinciales y municipales de Canadá y que, hasta ahora no estaban involucrados en los acuerdos comerciales concluidos a nivel federal.

En Ottawa, el gobierno conservador de Stephen Harper –así como varios gobiernos provinciales, entre ellos el de Quebec– también saca provecho del asunto: ve en el AECG una herramienta ideal para hacer desaparecer la capacidad de resistencia democrática local que queda frente a la creación de un mercado único canadiense y a las privatizaciones.

Uno de los puntos más escandalosos del acuerdo es la posibilidad, para las empresas, de hacer comparecer a los Estados y demás colectividades públicas ante un órgano ad hoc para dirimir discrepancias con el objetivo de obtener compensaciones financieras en caso de que nuevas disposiciones legislativas (por ejemplo en materia social y ambiental) les significaran una disminución de sus actuales beneficios. O incluso de sus beneficios potenciales... Es una copia fiel del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que agrupa a Canadá, Estados Unidos y México. Este acuerdo de 1994 provocó la devastación de la agricultura mexicana y contribuyó al estancamiento salarial en los empleos industriales de los tres países miembros.

Los negociadores europeos y canadienses hacen abiertamente del AECG la cabeza de puente de un gran mercado transatlántico, en el cual Canadá desempeña el papel de caballo de Troya de Estados Unidos. Promocionado con entusiasmo por las grandes empresas de ambas orillas del Atlántico, este acuerdo debería lógicamente movilizar en su contra a todas las fuerzas progresistas. Es lo que ocurre en Canadá. Los movimientos sociales europeos no pueden quedarse atrás.

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