¡Tres años ! Hace ya más de tres años que comenzaron formalmente, en Noruega, las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Ese día, el 20 de octubre de 2012, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, declaró como preámbulo en nombre de la guerrilla más antigua de América Latina : “Hemos venido a Oslo desde el Macondo (1) de la injusticia con un sueño colectivo de paz y con una rama de olivo en las manos”.
Atento en colocar el listón a la altura adecuada y en recordar las causas de la lucha armada iniciada hace décadas –un conflicto de naturaleza económica, política y social–, el comandante reclamó “cambios estructurales” y excedió claramente el orden del día decidido durante los encuentros secretos organizados desde hacía meses (2). El jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle, respondió a esto : “Para discutir sobre la agenda minera y energética [eje central de las políticas neoliberales del poder], las FARC tienen que abandonar las armas, hacer política y ganar las elecciones”. Antes de hacer presión sobre los insurgentes se pronunció sobre la duración de las negociaciones : “Va a ser un proceso rápido y eficaz. Un proceso que se va a medir en meses y no en años”.
Antes de estas negociaciones ya había habido algunos intentos –que desde noviembre de 2012 tienen sus cuarteles definitivos en La Habana (3)–. El más esperanzador, y acto seguido más desesperanzador, tuvo lugar bajo la presidencia del conservador Belisario Betancur (1982-1986). La historia merece ser recordada. Un alto el fuego bilateral pactado durante los acuerdos de La Uribe, el 28 de marzo de 1984, permitió la creación de un partido político, la Unión Patriótica (UP), que reunía a los militantes de diversas izquierdas no armadas, a los que se sumaron numerosos guerrilleros de las FARC desmovilizados para la ocasión. Los otros esperaron, al pie del cañón, el desarrollo de los acontecimientos, los cuales, desafortunadamente, terminaron muy mal. Después de haber resultado electos 14 senadores, 20 diputados, 23 alcaldes y más de 300 concejales en 1986, los militantes, simpatizantes y dirigentes de la UP fueron exterminados por los ultras del ejército y por los paramilitares : 4.000 muertos, entre los que se encontraban dos candidatos a las elecciones presidenciales, Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo (1990) (4). Iván Márquez, elegido diputado por Caquetá y combatiente insurgente que había vuelto a la vida civil, tuvo que volver, como muchos otros, a la clandestinidad a finales de los años 1980. No por capricho, ni por amor a la violencia o las incomodidades de la selva, sino por la simple necesidad de supervivencia.
Después de eso, las negociaciones conocidas como “del Caguán” (5), entre octubre de 1998 y febrero de 2002 –durante la presidencia de Andrés Pastrana–, fueron “improvisadas y superficiales”, considera Jean-Pierre Gontard, emisario suizo que participó en las mismas en representación de su Gobierno. “Eso les convenía a las dos partes. Por un lado, el poder necesitaba tiempo para concretar el Plan Colombia con Estados Unidos (6). Por el otro, para las FARC, que habían crecido muy rápido, se trataba de hacer una pausa para formar a altos cuadros y para descansar”. En esas sesiones prácticamente no se siguió ningún orden del día. “Nos subíamos a una avioneta en San Vicente del Caguán para ir hasta el lugar de la reunión y el comisario de paz nos decía : ‘Bueno, hoy sin duda vamos a hablar de esto…’. Y no necesariamente se hablaba de eso”. La guerrilla había pedido que en las discusiones participaran militares : “El Gobierno designó a un general retirado que estaba dormido durante la mayor parte de las reuniones… ¡hacía mucho calor !”.
Llevadas a cabo bajo la égida de dos países garantes, Cuba y Noruega, y de dos acompañantes, Chile y Venezuela, las negociaciones actuales se desarrollan en un contexto completamente distinto. Para las elites económicas “modernas” que representa Santos, se vuelve más realista buscar la paz por otra vía distinta a un enfrentamiento sin salida : aunque ha sido debilitada en estos últimos años, la guerrilla no ha sido vencida militarmente. Para las FARC tampoco se perfila ninguna perspectiva de victoria. Desde noviembre de 2012 se discute cara a cara. La Habana garantiza la organización, Oslo financia, Santiago no hace gran cosa y Caracas permite a los rebeldes pasar por su territorio para ir a Cuba. Siempre según Gontard, las condiciones nunca fueron tan favorables porque “los representantes presentes en la isla son, en parte, los que participaron en las negociaciones precedentes, de manera que, en términos de experiencia, hay una especie de capitalización”.
Haciendo tambalear los cálculos del Gobierno, que preveía una “negociación exprés” y una paz arrancada al término de una carrera contrarreloj que favorecería –sin redistribución ni transformación– el crecimiento de la economía neoliberal, las FARC, aunque renunciaron a sus reivindicaciones más radicales, siguen exigiendo reformas para dejar los fusiles en la armería. Por muy penosa que le pueda parecer esta constatación, el poder tiene que transigir. De los cinco puntos de negociación de la agenda –“reforma rural integral”, “participación política”, “cultivos ilícitos y narcotráfico”, “justicia y reparaciones a las víctimas”, “desarme”–, sobre los tres primeros ya se ha llegado a un acuerdo. Nadie conoce el tenor exacto del mismo, ya que las dos partes implicadas convinieron en que “no hay nada cerrado hasta que no esté todo cerrado”. Para que no se estanque el proceso, se han aparcado algunos puntos conflictivos y van a tener que ser resueltos al final. Entre esos puntos figura la supresión de los latifundios (grandes propiedades agrícolas), una exigencia de las organizaciones campesinas reunidas en la Cumbre Agraria.
Según el Censo Nacional Agrario que se hizo público el 11 de agosto de 2015, el 69,9% de las propiedades agrícolas de menos de 5 hectáreas ocupan el 5% de las superficies ; los dominios de más de 500 hectáreas, concentrados en las manos del 0,4% de los propietarios, representan el 41,1% de los 113 millones de hectáreas registradas. Ese es el principal problema. Sin embargo, mientras que las organizaciones populares ponen el acento en las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) (7), defendidas también por las FARC en la mesa de negociaciones, el poder está a favor de la creación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES), asociaciones asimétricas de pequeños campesinos con grandes empresas que prometen a los primeros sólo el papel de asalariados, sometidos y subyugados, de la agroindustria. Al mismo tiempo, el Gobierno elabora un nuevo proyecto de ley sobre los baldíos (tierras sin cultivar), que escamotea la entrega de títulos de propiedad a los campesinos. Y cuando la protesta se transforma en manifestación, llueven porras y gases lacrimógenos, seguidos de detenciones, condenas por “rebelión” y encarcelamiento de agitadores –acusados, por lo general sin razón, de tener vínculos con las FARC o con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otra organización armada que opera en el país–. Centenares de presos políticos se suman así a los prisioneros de guerra (alrededor de 9.000 personas).
La paz o la búsqueda de la paz pueden ser la continuación de la guerra por otros medios, y la burguesía sólo se las plantea si favorecen sus intereses. “Lo que se discute en Cuba –confirma en Bogotá el historiador y sociólogo Sergio Arvoleda– paradójicamente no tiene influencia directa sobre la vida cotidiana del país”. Sin embargo, queriendo ser optimista añade : “No obstante, desde un punto de vista histórico, lo que pasa representa un cambio profundo. Cada día que pasa, las decisiones tomadas en La Habana abren un camino que se puede consolidar”.
En varias oportunidades, las FARC anunciaron y respetaron un alto el fuego unilateral, disminuyendo de manera espectacular la cantidad de personas asesinadas en los combates (8). Sin embargo, no obtuvieron su contrapartida por parte del poder, por lo que la presión militar sigue siendo la prioridad. De esto resulta una sucesión de dramas, con orígenes que suelen ser confusos, donde cada uno acusa al adversario cuando caen soldados o guerrilleros ; crisis inevitables mientras el Gobierno siga imponiendo negociar como si no hubiera guerra y seguir combatiendo como si no hubiese negociaciones. No obstante, bajo la amistosa presión de los países garantes y acompañantes, así como también de sectores progresistas y movimientos sociales –preocupados por la degradación del proceso–, las FARC anunciaron una vez más un alto el fuego unilateral el pasado 12 de julio, algo que volvió a dar oxígeno a una negociación cuya llama se estaba apagando. Como respuesta, y acogiéndose a la disminución de la tensión parcial, Santos ordenó, el 26 de julio, la suspensión de los bombardeos sobre campamentos de las FARC.
“A medida que las conversaciones avanzan y que la opinión pública ejerce presión en un contexto político muy complicado, el proceso de paz entra en una fase que exige una aceleración forzada”, nos explica, amparándose en el anonimato, una fuente no latinoamericana directamente implicada en la negociación (cada una de las dos delegaciones cuenta con numerosos asesores y expertos civiles y militares, nacionales y extranjeros). Bajo presión de forma permanente por su predecesor de extrema derecha Álvaro Uribe y por sus personas de confianza –opuestos a cualquier negociación mientras los “terroristas” no se “rindan”– pero también por los medios de comunicación (que están a favor de la paz, pero que son violentamente hostiles con los rebeldes), ¿no se mostró el presidente Santos un poco imprudente al establecer el 26 de marzo de 2016 como fecha límite de las negociaciones ? Haciéndolas todavía más complejas, miembros de las dos delegaciones asistidos por sus expertos crearon cuatro subcomisiones para progresar a marchas forzadas en los temas más delicados : “justicia transicional”, “presos políticos”, “género y niños”, “abandono de armas y alto el fuego”.
Esta última la componen oficiales activos del Ejército y comandantes del ala militar de las FARC, de la cual todos los bloques (9), incluso los que están considerados como los más duros, tienen un representante en la capital cubana, lo que corta en seco los rumores acerca de posibles divisiones en sus filas. “La guerrilla demuestra una cohesión impresionante –retoma nuestro observador–. Tiene problemas para informar a sus tropas porque el Ejército intercepta sus comunicaciones, pero, a lo largo de este último periodo, las ha tenido al corriente constantemente y ha llevado a cabo cambios impresionantes, reemplazando a muchos comandantes del frente y a cargos medios de perfil ‘militar’ por homólogos más ‘políticos’”. Y el 23 de septiembre ocurrió el milagro…
“Fue todo un acontecimiento –sonríe Jahel Quiroga, superviviente de la Unión Patriótica y responsable de la organización de defensa de los derechos humanos Reiniciar–. Por la mañana, Santos había avisado de que iba a dar una gran noticia y que, por primera vez, iba a ir a La Habana. Así pues, estábamos pegados a TeleSur (10) en Internet, porque nuestras cadenas de televisión, RCN, Caracol, sólo informan acerca de lo que dice el Gobierno y cortan la transmisión cuando empiezan a hablar los representantes de la guerrilla”. Ese día, el jefe de Estado colombiano y el número uno de las FARC –Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”– anunciaron desde la capital cubana que, efectivamente, se había llegado a un acuerdo en la cuestión de la justicia y los derechos de las víctimas ; para muchos, un punto sin retorno. Intercambiaron un apretón de manos histórico, bendecido a su manera por un Raúl Castro encantado.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la tragedia colombiana se ha cobrado 218.094 muertos (el 19% combatientes) y ha provocado el desplazamiento forzado de 5.712.506 personas entre 1958 y 2012 (11). Por lo demás, se trata de una cuenta curiosa, ya que excluye a las 200.000 víctimas caídas entre 1948 y 1954 durante la espantosa guerra entre conservadores y liberales que pasó a la historia como “La Violencia”. Este periodo había llevado a los comunistas y, temporalmente, a los liberales a organizar grupos de autodefensa en el campo ; grupos de los cuales, ulteriormente, surgieron las FARC al intensificarse la represión. Sea como sea, los hechos están ahí, por muchas maneras que existan de presentarlos y otras tantas de recibirlos. Esto lo presintió el presidente Santos cuando anunció, como si caminara sobre huevos : “No todo el mundo va a estar contento, pero estoy seguro de que, con el tiempo, todo va a ir mejor y poco importa que queden algunos descontentos. A nadie se le puede satisfacer totalmente y el cambio va a ser muy positivo” (12).
Ninguna de las partes llegó a la mesa de negociaciones con las manos limpias. Existe una clara división entre las zonas rurales, afectadas por el conflicto, y los centros urbanos, “que no entienden lo que pasa”, Arvoleda dixit ; los imaginarios de unos y de otros no son los mismos. “El país está totalmente polarizado, ayudado en ese sentido por los grandes medios de comunicación, que falsifican la historia y distorsionan la verdad –resume Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz–. Su mensaje no es un mensaje de reconciliación o de tolerancia ; alimentan las divisiones. Los partidarios de la paz están acorralados”.
Para toda una corriente de opinión marcada a fuego por Uribe o por su fiel servidor –el procurador general Alejandro Ordóñez–, la única cuestión trascendente es saber durante cuánto tiempo van a estar privados de vida política y encarcelados los jefes de los “terroristas”. Sólo que nunca se ha visto, en ningún lado, que los dirigentes de un movimiento de oposición armada no vencido firmaran la paz para verse a sí mismos tras las rejas justo después de haberse puesto de nuevo la vestimenta de ciudadano o para ser extraditados a Estados Unidos. Hermano del jefe de Estado, Enrique Santos, que tuvo un papel importante en las primeras negociaciones con los rebeldes, intenta encauzar de nuevo el debate : “Este proceso no tiene como objetivo castigar a las FARC, sino terminar con una guerra que ha provocado mucho daño y destrucción” (13). De la misma manera, el senador Antonio Navarro Wolf, ex comandante amnistiado después de que la guerrilla del M-19 abandonara las armas en 1990, informó de que “la participación política es el centro de todos los procesos de paz negociados en el mundo y en nuestra historia ; de todos, sin ninguna excepción” (14). Habiendo partido de una postura selectiva, punitiva, unilateral, asimétrica, el Gobierno y sus negociadores tuvieron que tener en cuenta esta realidad.
La reflexión no fue menos difícil para los simpatizantes de la guerrilla o para los supervivientes de la UP como, por ejemplo, Jahel Quiroga : “La guerrilla nació a causa de la exclusión política y de la imposibilidad de responder a las aspiraciones del pueblo por la vía democrática. Las violaciones más graves de los derechos humanos fueron cometidas por el Estado y por los paramilitares ; no se puede establecer un paralelismo”. En cuanto a los guerrilleros, cuyas ejecuciones extrajudiciales o secuestros en serie nadie olvida, “la tarea fue ardua –cuenta nuestro testigo de primera mano– cuando se trató de hacerlos evolucionar en su razonamiento”. Un razonamiento que el comandante Jesús Santrich todavía expresaba el 1 de septiembre de 2015 al declarar : “En calidad de insurgentes no vamos a cumplir ni un segundo de prisión. La rebelión es un derecho universal que nosotros hemos ejercido, por el cual no manifestamos ningún arrepentimiento y por el que no admitimos ninguna sanción” (15).
Las discusiones fueron muy rudas, particularmente durante la visita de la ponente de Naciones Unidas sobre las violencias sexuales o cuando se abordó el tema de los reclutamientos forzados. “El primer punto fue rechazado por los guerrilleros de forma unánime : argumentan que son muy estrictos en su reglamento interno y que, si existieron casos de ese tipo, en ningún caso se trata de una política deliberada. En cuanto al concepto de reclutamiento forzado, en su lógica no existe. Consideran que, en las zonas rurales, ellos son el Estado : ‘O vienes con nosotros o mueres de hambre’”. A fin de cuentas, los comandantes insurgentes también tuvieron que evolucionar. Estos dos temas, muy delicados para ellos, serán mencionados en el acuerdo. “Su conclusión fue : ‘De acuerdo, confirmamos que no es una política de las FARC, pero si alguien está implicado en este tipo de crimen deberá responder a título personal’”.
Gobierno y rebeldes han anunciado la creación de una jurisdicción especial para la paz y un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que incluye una comisión de la verdad considerada de gran importancia. Cuando una guerra termina, dejando detrás de sí una sangrienta estela de crímenes y de exacciones, la restauración del Estado de derecho supone, como prioridad, un derecho a la memoria : conocer los crímenes cometidos, sus autores, saber qué ocurrió. También existe una obligación moral, una necesidad social todavía más imperativa : identificar y dar nombre a las víctimas. Y otorgarles una indemnización. Pero cuando el objetivo principal es pasar del conflicto al posconflicto, de una “sociedad caótica” a una “sociedad apaciguada”, poniendo en juego miles de vidas futuras y el destino de una nación, todo eso no necesariamente pasa por la casilla de la prisión. Es lo que se conoce como la justicia restauradora o justicia de transición.
La jurisdicción especial para la paz va a contar con salas de justicia y con un tribunal para la paz, ambos compuestos en su mayoría por magistrados colombianos, así como también por algunos especialistas extranjeros altamente cualificados. Van a ser juzgados todos aquellos que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado y están implicados en “crímenes graves” : genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Va a haber dos tipos de procedimientos : uno para los que exponen sin desvío los hechos y su responsabilidad (de cinco a ocho años de “restricción de las libertades”, en un perímetro limitado), y otro, con una pena que puede llegar a los veinte años de cárcel, para los que no lo hagan o lo hagan de manera tardía. Las personas acusadas de “crímenes políticos o conexos” –todavía no definidos pero que pueden cubrir los secuestros y la implicación en la cadena del narcotráfico, destinados a financiar la economía de guerra– se van a ver beneficiadas por una ley de amnistía.
Todos los que creían haber terminado con una guerrilla subterránea están estupefactos. Iracundos y con los ojos desorbitados, los partidarios de la guerra a ultranza –los mismos que permitieron condenas insignificantes por los crímenes de los paramilitares gracias a la ley de justicia y paz firmada por Uribe en 2005– se desatan contra semejante “impunidad”. El ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002) considera incluso que Colombia está siguiendo el camino para transformarse, humillación máxima, en Venezuela. Porque lo peor está por llegar. En efecto, al forzar a los colombianos a enfrentarse a un pasado doloroso y a verdades incómodas, ejercicio al cual muchos no tienen muchas ganas de entregarse, el acuerdo va más allá del clásico cuestionamiento de los actores armados –guerrilleros, militares y paramilitares–, apreciado por las “sociedades civiles” y por los profesionales de la defensa de los derechos humanos. Se espera que todos los actores implicados en el conflicto respondan por sus propios actos ante la comisión de la verdad, incluidos los “no combatientes”. Esto promete un descenso a los bajos fondos de las cloacas y las alcantarillas…
¿En nombre de qué doble parámetro se podría pedir a las FARC que rindieran cuentas (y mañana al ELN) sin hacer lo mismo con la oligarquía tradicional, los partidos políticos, los altos funcionarios, los empresarios, los ganaderos, los terratenientes o las multinacionales, cuyos vínculos con la injusticia social y/o las milicias de extrema derecha han sido comprobados miles de veces ? ¿Se puede exonerar a los que sacaron provecho del despojo de tierras, de los desplazamientos forzados o del tráfico de influencias en el marco de la administración de justicia ? ¿Y a las estructuras criminales detrás de los ejecutantes ? ¿Cómo ocultar el papel preponderante de Estados Unidos en la persistencia del conflicto, desde el general William Yarbourgh –quien sugirió organizar grupos paramilitares en 1962– hasta William Clinton y George W. Bush –los financiadores del Plan Colombia– ? El español Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC por invitación del Gobierno noruego, causó revuelo cuando formuló públicamente algunas preguntas particularmente delicadas, como la siguiente : “¿Dónde termina la cadena de mando en una dictadura ? En el mejor de los casos, dentro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Pero en una democracia desemboca en el palacio presidencial y en el Consejo de Ministros. Algo que está plenamente establecido por la jurisprudencia internacional…” (16).
Y ese es el motivo por el cual se menciona a los ex jefes de Estado y, en particular, a Uribe, por quien se interesa el Tribunal Superior de Justicia, entre otras ignominias, por su “posible participación, por acción o por omisión”, en la masacre paramilitar de El Aro –17 campesinos torturados y ejecutados, 1.200 personas desplazadas–, en 1997, cuando era gobernador de Antioquia… ¿Y quién era su Ministro de Defensa cuando estalló el escándalo de los “falsos positivos” –nada menos que 3.000 casos de secuestros y de asesinatos de civiles por parte de las Fuerzas Armadas para inflar los resultados de la lucha antiguerrillera– ? Santos, el actual jefe de Estado.
Y ahora llega el escándalo. Se puede ver a algunos de los que arrasaron el país, pero que recuperaron un inocente fervor, acudir… al Tribunal Penal Internacional (TPI). “Lo que pasa –dice Lozano casi jocosamente– es que creyeron que la justicia restauradora tenía como objetivo encarcelar a los guerrilleros. Por eso, estableciendo un paralelismo, se imaginan a todo el mundo entre rejas. En realidad se trata fundamentalmente de que todos den su testimonio. Que el país y las víctimas sepan qué ocurrió”. Esto no impide que el 19 de octubre, al mismo tiempo que reafirmaban su apoyo al presidente Santos, los sectores económicos expresaran las inquietudes que carcomen a la patronal. Con la presentación de un documento que llevaba por título “El acuerdo de paz debe ser respetuoso con el Estado de derecho”, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce MacMaster, confesaba : “Nos preocupa la posibilidad de responsabilidades indirectas”, y pedía aclaraciones.
Algunos días antes, el jefe de los negociadores del Gobierno, De la Calle, ya había dado un paso hacia atrás al declarar : “El texto suscrito tiene algunas ambigüedades y deberá [efectivamente] ser aclarado”. Y entonces se hizo oír la respuesta de las FARC. En un comunicado que llevaba como título “La claridad no admite interpretación”, afirman que no va a ser posible “honrar el compromiso” de concluir las conversaciones en seis meses si el Gobierno empieza “a poner en duda los acuerdos que ya se firmaron” y “hace retroceder los avances” (sic).
Todos se aferran a la esperanza ; es cierto que un proceso de paz con las FARC nunca llegó tan lejos. Pero quizás todavía es demasiado pronto para hablar de “posconflicto”.
NOTAS :
(1) Referencia al pueblo imaginado por Gabriel García Márquez, entre otras, en su novela Cien años de soledad.
(2) Véase “‘Sin justicia no hay paz’ en Colombia”, Le Monde diplomatique en español, febrero de 2013.
(3) Véase Hernando Calvo Ospina, “Conversando con las FARC en La Habana”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2013.
(4) Véase Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortiz, “Exterminio de militantes de la Unión Patriótica de Colombia”, Le Monde diplomatique en español, julio de 2005.
(5) Una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados se estableció durante esta ocasión en los municipios de La Macarena, Uribe, Vista Hermosa, Mesetas (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), la pequeña “capital” de las negociaciones.
(6) En una primera fase, este plan elaborado por Washington permitió inyectar 10.700 millones de dólares para modernizar al ejército colombiano.
(7) Entidad jurídica definida por la Ley 160 de 1994. Los movimientos campesinos hicieron de la misma una herramienta para proteger la economía rural y la soberanía alimentaria al mismo tiempo que luchaban contra la concentración de tierras por la reglamentación de su ocupación, poniendo una particular atención en los campesinos pobres.
(8) De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación, se cuentan en general entre 180 y 200 acciones armadas al mes. Durante los cinco meses de la primera tregua unilateral de las FARC, sólo se registraron 112, es decir, una disminución de más del 90% (El País, Madrid, 23 de mayo de 2015).
(9) La estructura militar de las FARC está compuesta por siete grandes “bloques” (que corresponden a territorios), divididos a su vez en “frentes” compuestos por “columnas”.
(10) Canal internacional de televisión creada por Hugo Chávez en 2005 con Argentina, Uruguay, Cuba y, en 2006, Bolivia, para contrarrestar a los medios de comunicación dominantes. No es retransmitida en Colombia.
(11) ¡Basta ya ! Colombia : Memorias de guerra y dignidad, Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá, 2013.
(12) El Tiempo, Bogotá, 22 de septiembre de 2015.
(13) El Tiempo, Bogotá, 6 de octubre de 2015.
(14) El Tiempo, Bogotá, 8 de octubre de 2015.
(15) Agencia de noticias Nueva Colombia (ANNCOL), Estocolmo, 1 de septiembre de 2015.
(16) Semana, Bogotá, 25 de julio de 2015.
