La arquitectura institucional compleja de la Unión Europea (UE) está sometida a una dura prueba por el tema de las elecciones nacionales. En principio, es una cuestión de cifras: 28 Estados miembros y mandatos parlamentarios cuya duración media se sitúa entre los cuatro y los cinco años. Eso significa que, siguiendo con el promedio, cada año se organizan siete u ocho elecciones parlamentarias en la UE. A esto hay que añadir, en ciertos países –como Austria, Chipre, Finlandia, Francia, Irlanda y Portugal–, elecciones presidenciales por sufragio universal, incluso referéndums.

Esta acumulación de consultas populares tiene un impacto directo en el funcionamiento de la UE. En las áreas más sensibles, las decisiones deben, efectivamente, ser tomadas por unanimidad de los Estados. Tal es el caso, entre otros, de la fiscalidad y de una parte de la política comercial común, como lo acaba de evidenciar el asunto del tratado de libre comercio UE-Canadá (CETA) (1). Así, bastó con que un solo componente (Valonia) de apenas un Estado federal (Bélgica) se opusiera a la ratificación de este tratado para interrumpir el proceso, al menos provisionalmente. Lo que Valonia y Bélgica hicieron, cualquier otro Estado puede hacerlo con un tema que considere importante. Sin embargo, la Comisión Europea evita, por regla general, someter al Consejo textos a los que sabe que tal o cual Estado podría interponer su veto. Sobre todo si se trata de un gran Estado. En cuanto a los pequeños, existen diversos medios de presión para impedirles hacer disidencia… Se vio particularmente en Grecia y en Chipre, donde los Gobiernos debieron capitular ante la troika.

Con todo, en teoría, cada elección nacional puede desembocar en la llegada al poder, en una de las capitales de la UE, de un Gobierno que, en las áreas en las que los tratados prevén la regla de la unanimidad, bloquearía medidas importantes. Dicho bloqueo podría venir tanto de un Gobierno de extrema derecha (como el de Hungría) como de un posible Gobierno de la izquierda radical.

Este tipo de escenario, evidentemente, había sido anticipado por los “padres fundadores” de la construcción europea, Jean Monnet en primer lugar, cuya heredera política es la Comisión. Para prevenirse contra todo cuestionamiento, la receta era sencilla: poner el mayor número de grandes decisiones europeas fuera del alcance del sufragio universal. ¿Cómo? Entre otros instrumentos, acordando, desde el Tratado de Roma (1957), el estatus de tratado a las políticas económicas que más tarde se llamarían “neoliberales”; otorgando, con el Tratado de Maastricht (1992), poderes monetarios plenos al Banco Central Europeo (BCE) sin ningún control democrático; dando por nulos e inexistentes los resultados de los referéndums, tal y como el que, en Francia, rechazó masivamente el Tratado Constitucional Europeo en 2005; imponiendo olas de privatización, especialmente en los países del este de Europa candidatos a la adhesión a la UE.

Progresivamente, los Gobiernos se desapropiaron así de su capacidad de regulación, transfiriéndola a estructuras “independientes”, es decir, no elegidas (Comisión, Tribunal de Justicia de la UE, BCE) y al mercado. En esas condiciones, las elecciones nacionales sólo tienen alcance en espacios –cada vez menos numerosos– que, por ahora, la poderosa maquinaria de la UE ha dejado libres. Pero estas podrían también tomar la forma de una insurrección cívica por la reconquista de una soberanía perdida. Bajo una u otra forma, el brexit traerá consecuencias… 

 

NOTAS:

(1) Véase “CETA: el libre comercio contra la democracia”, Le Monde diplomatique en español, noviembre de 2016.