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Contra la historia oficial española

Batalla por la memoria republicana

lundi 2 février 2009   |   Jean Ortiz
Lecture .

En España, ciudadanos de a pie y magistrados actúan conjuntamente para hacer tambalear “el pacto del olvido” que todavía encubre las atrocidades cometidas bajo el régimen franquista. En un país profundamente dividido sobre este asunto, los militantes buscan incansablemente las fosas comunes donde fueron arrojados los republicanos fusilados por la dictadura e intentan, a pesar de las sordas resistencias a las que se enfrentan, rehabilitar la memoria de los vencidos.

“En gran parte de España lo que llamamos Guerra Civil fue solamente una represión ; el golpe de Estado militar (del general Franco) fue seguido de inmediato por un plan de exterminio” (1). Los adelantos del movimiento de Recuperación de la Memoria (Histórica), una galaxia de militantes y voluntarios al margen de los partidos políticos, así como los trabajos de los historiadores, permiten arrojar otra mirada sobre lo que más allá de los Pirineos, hasta ese momento sólo se percibía como una “guerra civil”. Por otra parte basta con examinar la cartografía de las fosas comunes de republicanos, actualizada estos últimos años, para constatar que coincide con las regiones donde el golpismo triunfó desde el principio.

El objetivo de los franquistas no consistía tan solo en ganar la guerra : era necesario extirpar la República de raíz. De ahí la semántica : “depuración”, “purificación”, “limpieza”, “pacificación”. Por otra parte, finalizado el conflicto, continuaron las atrocidades y cincuenta mil republicanos fueron fusilados en los meses que siguieron. “Franco había decidido avanzar lentamente para que nunca pudiera haber vuelta atrás”, destaca el historiador inglés Paul Preston (2).

Desde hace unos diez años la memoria de los “Rojos” rompe el silencio de un olvido impuesto y sacude a la sociedad española (3). Aplastada hasta la muerte del dictador en 1975, esta memoria republicana no fue rehabilitada en la “Transición” democrática (1975-1982), ni siquiera tras el triunfo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones legislativas de octubre de 1982. “Decidimos no hablar del pasado” (4), admite retrospectivamente el ex presidente Felipe González, quien al mismo tiempo reconoce : “Me siento en parte responsable de la pérdida de nuestra memoria” (5).

La llegada al poder en 1996 del Partido Popular de José María Aznar apenas renovó los términos del debate y la “batalla de la memoria” no ha dejado de oponer a los mismos protagonistas, unos prisioneros del consenso histórico-político de la “Transición”, los otros de su pasado franquista.

Para la derecha española la explosión memorial e historiográfica se revela insoportable porque recuerda los orígenes sangrientos del franquismo. Se bate a capa y espada sobre el lema “no reabramos las viejas heridas”, un argumento que –subraya el escritor Alfons Cervera– es “el de todos los beneficiarios de los golpes de Estado y de la violencia”. Lo que está en juego parece ser importante, puesto que lo que los historiadores llaman el “franquismo ideológico” o “sociológico” parece aún enquistado no sólo en el seno de una parte del electorado de derecha sino también en la Iglesia, la Justicia, el Ejército, el empresariado y la banca. Así, el historiador Julián Casanova considera que la Iglesia Católica española se muestra hoy más conservadora que durante la “Transición” : se niega en particular a reconocer su “papel de verdugo” y su “aprobación del exterminio legal” (6).

Por lo tanto, se comprende por qué el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Antonio María Rouco Varela, menciona la “necesidad de saber olvidar” (7). Una memoria selectiva, sin embargo, puesto que al mismo tiempo la Iglesia española hizo canonizar o beatificar a 997 fieles, principalmente miembros del clero y de órdenes religiosas, víctimas del “terror rojo” (1934-1938) (8)… En cuanto al Ejército, se sigue oponiendo a cualquier homenaje a los militares leales fusilados por haberse opuesto al levantamiento fascista.

Con las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2004 el PSOE volvió al Gobierno. Pero este último parece demasiado tímido tanto para las fuerzas políticas como Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como para la mayoría de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, quienes lo acusan de jugar “un doble juego”.

En efecto, el 12 de octubre de 2004, día de la fiesta nacional, el ministro de Defensa hizo desfilar uno al lado del otro, en nombre de “la paz y la concordia”, a un antiguo fascista de la “División azul” junto con un veterano republicano de la II División Blindada del general Leclerc. A finales de octubre de 2007 el ministro de Asuntos Exteriores asistió en Roma a la beatificación de las “víctimas de los rojos”, y el 20 de noviembre de 2008 el presidente José Luis Rodríguez Zapatero declaró en el Palacio de la Moncloa que “todo lo que haga que esto quede en el olvido más profundo de la memoria colectiva de la sociedad española será bueno (…) aunque hay gente que tiene más disponibilidad a olvidar que otros” (9).

Sin embargo, la movilización del movimiento memorial, dinámico aunque dividido, comenzó a dar sus frutos. Suscitó una corriente de introspección colectiva y finalmente obligó al Gobierno socialista, después de tres años de vacilaciones, a adoptar una ley denominada “de Memoria Histórica” que el Parlamento aprobó el 31 de diciembre de 2007. Un avance, por cierto, pero que muchos consideran tardío y timorato. No implica la palabra “República” y tampoco condena claramente al franquismo. Los tribunales de excepción y sus sentencias son declarados sólo “ilegítimos” (y no “ilegales”) y el mausoleo franquista del Valle de los Caídos (donde descansan los restos del dictador y de José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido fascista la Falange) permanece casi como tal.

La ley concede la erradicación de los símbolos franquistas en los edificios públicos, pide a las administraciones locales que ayuden a las asociaciones a exhumar a los desaparecidos, y abre la posibilidad para un millón y medio de hijos y nietos de “exiliados” de acceder a la nacionalidad española, a condición de prestar juramento de fidelidad a la Constitución y al rey. Una paradoja para los descendientes de republicanos…

Si bien existieron iniciativas locales, la ley tuvo poca aplicación por falta de voluntad política. Hubo que esperar hasta el 16 de octubre de 2008 para que el debate recobrase actualidad, esta vez en terreno judicial.

Ese día, y por primera vez, Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, abrió una investigación sobre 137.137 desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo, así como sobre las circunstancias de su desaparición (10). La resolución del magistrado sacudió el mundo político y judicial. Menciona un “plan premeditado y sistemático de exterminio”, un “sistema de desapariciones forzosas” y de “crímenes contra la humanidad” (11). Ordena establecer un mapa preciso de fosas comunes, el censo de todos los desaparecidos y la inmediata apertura de diecinueve fosas, incluida una emblemática, la del poeta Federico García Lorca. También desacredita la ley de amnistía del 15 de octubre de 1977 que impedía cualquier investigación.

La determinación del juez Garzón le vale virulentos ataques de la derecha política y judicial. Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, lo acusó de querer una “nueva inquisición” (12) y organizó su desapoderamiento. Acorralado, aislado en el seno del aparato judicial, el propio Garzón se inhabilitó, pero sin renegar de nada. Remite la eventual apertura de las fosas a los juzgados territoriales y hace hincapié en la necesidad de investigar la desaparición de miles de niños republicanos. Por su parte, el 28 de noviembre de 2008, la Audiencia Nacional opuso su veto a la investigación del golpe de Estado franquista.

En realidad, detrás de estos enfrentamientos judiciales se ocultan cuestiones políticas. La iniciativa de Garzón desacraliza, en efecto, una transición democrática erigida en “modelo” y exportada, en especial a América Latina. Desmonta los mitos fundadores : la reconciliación contra la amnesia ; la paz civil y social contra un pacto político de olvido entre la derecha y una izquierda obligada a aceptar la impunidad de los verdugos. Algunos sectores del aparato judicial y del Partido Popular, al igual que de la Iglesia, intentan frenar un movimiento que obliga a revisar muchos lugares comunes : los de “guerra civil”, no dar la razón ni a franquistas ni a republicanos, la “Transición” como primer referente democrático o la asimilación monarquía-democracia.

Para ellos conviene encauzar este movimiento social antes de que cuestione otros tabúes tales como la expoliación de los bienes de los vencidos o el saqueo de los años 1940. En efecto, ¿qué fue de las grandes fortunas públicas y privadas construidas con el trabajo de cientos de miles de presos políticos hasta los años 1960 ? ¿Y qué decir de los “niños perdidos del franquismo”, que la dictadura secuestrara a sus padres republicanos ? Quedan aún muchos agujeros negros por explorar.

Pero, finalmente, lo que más preocupa a los protagonistas del “pacto de olvido”, es el retorno del dilema Monarquía o República. Para el filósofo Carlos París, “se aceptó que España sea una monarquía aunque en realidad es una herencia del franquismo” (13). El movimiento en curso lleva en sí mismo la crítica de la “transición pactada”, de las negaciones de la izquierda y, por último, la reivindicación de la República.

La contraofensiva de la derecha y la Iglesia querría mantener el statu quo y perennizar una democracia incompleta. Para Pío Moa, cabeza de estos conservadores, –autor de una obra que Aznar declaró ser su libro de cabecera–, “la victoria de Franco en la Guerra Civil salvó a España de una traumática experiencia revolucionaria” (14). Soplan de nuevo aires de Cruzada …

Sin embargo, tras diez años de un “movimiento social para la Memoria Histórica”, la vuelta atrás parece difícil. Las asociaciones no se proponen limitarse al estrecho marco de la ley. Siguen desenterrando lo que se ocultó y ya se han abierto cerca de doscientas fosas comunes, recuperando cuatro mil cuerpos. Algunas asociaciones exigen incluso la creación de una “comisión de la verdad”. En este sentido contribuyen a poner de manifiesto que si bien son cuestiones políticas del presente las que condicionan la interpretación del pasado, la reapropiación de la memoria constituye un elemento central del propio ejercicio de la democracia.

Le Monde diplomatique, París.

 

Notas :

(1) Francisco Espinosa, “Historia, memoria, olvido : la represión franquista”, en Arcángel Bedmar González (director) ; Memoria y olvido de la guerra civil y la represión franquista, Departamento de Publicaciones del Ayuntamiento de Lucena, Córdoba, 2003, p. 101-102.

(2) Paul Preston, La guerra civil española, Ed. Debate, Barcelona, 2006, p.313.

(3) Véase José Maldavsky, “Les charniers de Franco”, Le Monde diplomatique, París, enero de 2003.

(4) El País, Madrid, 20 de abril de 2001.

(5) Felipe González y Juan Luis Cebrián, El futuro no es lo que era, Aguilar, Madrid, 2001, p. 37-38.

(6) El País, 26 de noviembre de 2008.

(7) El País, 16 de octubre de 2008.

(8) Véase “El ‘combate cultural’ de los Episcopados”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2008.

(9) El País, 21 de noviembre de 2008.

(10) Léase Javier Alfaya, “Algo cambia en España”, Le Monde diplomatique en español, noviembre de 2008.

(11) El País, 17 de octubre de 2008.

(12) El Mundo, Madrid, 29 de octubre de 2008.

(13) La Nueva España, Gijón, 8 de octubre de 2008.

(14) Pío Moa, Los mitos de la Guerra Civil, La Esfera de los Libros, Madrid, 2004, p. 534.





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