El alcance de la batalla política sobre la financiación de los sistemas de jubilación que acaba de comenzar en Francia va más allá de sus fronteras. En toda Europa, la empresariado, los Gobiernos y los media han desarrollado campañas de comunicación a gran escala sobre la cuestión. Su objetivo no es en absoluto “salvar” las jubilaciones, sino perpetuar la hegemonía del capital y las desigualdades sociales que son el meollo del proyecto neoliberal. La crisis que ha golpeado a Irlanda y Grecia, a la espera de otros países, proporciona incluso la ocasión soñada para reforzar este proyecto.
Los sistemas de jubilación varían de un país a otro, pero reposan esencialmente, sobre la dosificación de dos lógicas: el reparto y la capitalización. El reparto se basa en la solidaridad intergeneracional: los activos financian las pensiones de los inactivos, con cotizaciones sobre los salarios y eventualmente a través de los impuestos. En un sistema de capitalización, le corresponde a cada ciudadano ahorrar individualmente para constituir su jubilación, colocando su dinero (si lo tiene) en fondos de pensión.
Los numerosos escándalos de estos últimos años (en particular el de Enron) han puesto de manifiesto los enormes riesgos de la capitalización que depende no sólo de la integridad de los administradores de fondos, sino también de las subidas y bajadas de los mercados bursátiles. Este sistema cuenta, evidentemente, con los favores de los neoliberales y de todo el sistema financiero que aspiran a inflar permanentemente el volumen de capitales con los que pueden especular.
En Europa, el sistema de reparto sigue siendo ampliamente mayoritario, y contra él se dirige la ofensiva neoliberal. En nombre del aumento de la esperanza de vida se quiere hacer creer que la solución para los déficits sólo se puede alcanzar mediante la combinación de tres parámetros: alargar la edad que da derecho a la jubilación (60 años actualmente en Francia, frente a 65 en España, Alemania y el Reino Unido), el incremento de la cantidad de años de cotización y el descenso del porcentaje de la pensión en relación con el salario medio (el 65,3% en Francia frente al 45,6% en el Reino Unido y el 44,3% en Irlanda). Se oculta deliberadamente otro parámetro: la ampliación de la base fiscal que contribuye a la financiación de la protección social y en particular de las jubilaciones. Someter todos los ingresos de capital al mismo nivel de impuesto que los ingresos del trabajo, sin mencionar la lucha contra la evasión fiscal o la supresión de las múltiples medidas de favor que benefician a empresas y a categorías privilegiadas, bastarían para movilizar los recursos necesarios.
Colmo del cinismo: los Gobiernos utilizan el argumento del aumento de los déficits públicos –resultantes de una crisis cuyo único responsable es el sector financiero- para asustar a los ciudadanos en cuanto al futuro de la financiación de las jubilaciones. Se trata de utilizar una situación coyuntural para seguir con una política estructural: en Francia, por ejemplo, la caída del 8,8%, en 30 años, de la parte que representan los salarios en la riqueza nacional, y el aumento entre 1982 y 2007, del 3,2% al 8,5%, de la parte que representan los dividendos en el Producto Interior Bruto (PIB).
Los asalariados se ven así obligados a optar entre tres modalidades que los perjudican, cuando existe una cuarta que les sería favorable. Esta ofensiva del capital se apoya en las políticas librecambistas de la Unión Europea que, al hacer competir los sistemas fiscales y sociales, llevan a una nivelación a la baja (1). Detrás de la cuestión de las jubilaciones, está la “cuestión europea” que sigue siendo tabú para gobiernos, partidos y sindicatos, incluidos aquellos que dicen referirse a valores de izquierda.
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NOTAS:
(1) Leer Bernard Cassen: http://www.medelu.org/spip.php?article400.