“Tenía 14 años y había sido un amor de verano. No era consciente de que podía quedarme embarazada”. Instalada en el salón de su casa a la hora de “la once” –la merienda en Chile–, Camila, quien pidió mantener el anonimato –al igual que su madre, también presente–, se sumerge en sus recuerdos mientras bebe té. “Una mañana, mi madre me trajo una prueba de embarazo”, cuenta la joven santiaguina de 24 años. El resultado fue positivo. “Me dijo : ‘No se lo digas a nadie. Ve al colegio tranquila’. Por la noche me preguntó qué quería hacer”. La adolescente decidió interrumpir su embarazo. La madre de Camila, Cynthia, continúa : “Le advertí de que eso debía quedar entre nosotras porque yo corría el riesgo de ir a prisión. He trabajado mucho en la clandestinidad”, añade esta ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el brazo armado del Partido Comunista chileno durante la dictadura : “Para mí no era un problema. Pero, emocionalmente, fue duro”.

“Un hombre de unos cuarenta años vino a casa –continúa Camila–. No sé si era médico. Me dio cuatro pastillas y esperó a que expulsara el feto en el baño. Tuve contracciones, sangré... Fue rápido, pero traumatizante. Estuve deprimida durante dos años. Me sentía culpable”. Antes, Camila estaba en contra del aborto : “Me parecía horrible. Estudiaba en un colegio católico y nos habían enseñado imágenes de legrados, de bebés que gritaban. Desde aquel momento cambié de opinión”. Observando a su hijo Ariel, que tiene un año y medio y que juega en un rincón del salón, la joven continúa : “Ahora que soy madre, sé que desear un hijo es lo más importante en un embarazo”. Su madre, por su parte, siempre la ha apoyado, convencida de que una “debe ser libre para decidir. Pero, en nuestro país, casi no se habla de educación sexual...”.

En 2013, la historia de la pequeña Belén, embarazada a los 11 años tras haber sufrido violaciones reiteradas por parte de su padrastro, volvió a abrir el debate. Al año siguiente, una niña de 13 años, víctima de una violación, fue obligada a continuar con el embarazo aunque el feto padecía una patología grave. El bebé sobrevivió sólo unas horas después de nacer. Tras estos dramáticos casos, Chile es recordado por su condición de país dotado de una legislación particularmente retrógrada desde la total prohibición decretada los últimos meses de la dictadura del general Augusto Pinochet.

Sólo otros pocos Estados se muestran igualmente represivos : el Vaticano, Malta, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití y Surinam. Países vecinos como Cuba, Puerto Rico, la Ciudad de México desde 2007 o Uruguay desde 2012 autorizan el aborto sin restricciones durante las primeras doce semanas de embarazo. Por su parte, otros países de la región permiten la interrupción terapéutica del embarazo, teniendo ésta una acepción más o menos amplia. “El aborto terapéutico existió en Chile durante unos cincuenta años –recuerda la doctora María Isabel Matamala Vivaldi, médica y referente del movimiento feminista chileno–. Estaba autorizado cuando el embarazo presentaba riesgos para la salud de la madre. Durante mi residencia incluso lo practiqué. Pero hemos involucionado...”.

Desde el regreso de la democracia y a pesar de una decena de intentos parlamentarios, la ley, que amenaza a cualquier mujer que aborte con tres años de prisión, no ha sido modificada. Sin embargo, entre 70.000 y 120.000 mujeres corren ese riesgo todos los años, lo que convierte a Chile, asegura la doctora Matamala Vivaldi, en el país “con el índice de abortos más elevado de América Latina”, junto con la República Dominicana. La ausencia de políticas públicas en materia de anticoncepción genera índices de embarazos no deseados particularmente elevados. El statu quo chileno se volvió insostenible tras la despenalización del aborto en caso de violación, de incesto, de malformación fetal o de riesgo para la vida de la mujer en la República Dominicana en diciembre de 2014.

Durante su campaña presidencial de 2013, la candidata de la coalición de izquierda Michelle Bachelet, médica de profesión, prometió la despenalización en tres situaciones : en caso de violación, de inviabilidad del feto o de riesgo para la vida de la madre. Sin embargo, han hecho falta los casos mencionados y manifestaciones para que el Gobierno presentara un proyecto de ley en el Congreso a comienzos de 2015. La primera etapa fue superada a comienzos de agosto con la aprobación del texto en la comisión parlamentaria.

Sin embargo, la discusión comenzó de manera poco auspiciosa : “Estamos a favor de la vida. Como consecuencia, nuestra red de centros de salud será un lugar donde se proteja la vida ; no practicaremos abortos”, advirtió el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, ante los diputados. Su institución dispone de la red de sanidad privada más importante de Chile, UC Christus. Si se aprueba la ley, los más de 1.200 médicos que trabajan allí no la aplicarán.

En un país donde se autorizó el divorcio por primera vez en 2004 y donde el 57% de la población se considera católica, este posicionamiento no es anodino. “La Iglesia ejerce presión sobre el Gobierno, como siempre –se enfada la doctora Matamala Vivaldi–. Y si el poder se resiste, amenaza con ejercer presión social, como los evangelistas en Brasil”.

La ofensiva es tanto más eficaz cuanto que goza de intermediarios en los partidos de derecha, así como en el seno del partido Democracia Cristiana (DC), que participa en la coalición gubernamental. A finales de julio, el DC, pese a que se adhirió al programa presidencial de la candidata Bachelet en 2013, informó de que menos de un tercio de sus veintiún diputados apoyaba el texto. Su vicepresidente, Matías Walker, recordó que la mayoría de los miembros de su partido se oponían a la despenalización del aborto en caso de violación.

En estos momentos, en los que un caso de especulación inmobiliaria que involucra a su hijo y a su nuera empaña su imagen, Bachelet trata con consideración a sus aliados para conservar su mayoría en el Congreso, ajustándose mínimamente a las recomendaciones de las organizaciones internacionales. A finales de 2014, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –donde la Presidenta trabajó como directora ejecutiva de la organización ONU Mujeres–, presionaba a Chile para que superara “los obstáculos de una sociedad patriarcal conservadora”. Desde hace poco tiempo, organizaciones feministas también han estructurado su discurso sobre el aborto sumándose al debate. Es el caso de Miles, una asociación de defensa de los derechos sexuales y reproductivos creada en 2010, que concentra sus reivindicaciones en la despenalización terapéutica de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) ; una idea a la que se adherirían entre el 60% y el 70% de los chilenos según encuestas recientes (1).

Otras organizaciones querrían que el Gobierno fuera más allá. Aunque apenas cuente con un centenar de militantes activos, la Coordinadora Feministas en Lucha, creada en 2014, logró organizar tres marchas pro IVE en Santiago. “El texto de Bachelet no tiene en cuenta la problemática de clase –explica Hillary Hiner, profesora de Historia de la Universidad Diego Portales, en la capital–. Las ricas siempre podrán abortar en clínicas privadas o ir al extranjero”. ¿Qué sucede con aquellas que carecen de los medios para hacerlo ? “Existe una gran desigualdad en el acceso a la IVE sin riesgos y eso no se resolverá con el proyecto de ley”, reconoce la doctora Soledad Díaz, miembro del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva.

“Las situaciones para las cuales la ley prevé una despenalización sólo conciernen al 2% de las IVE”, señala, por su parte, Carolina, quien pide mantener su anonimato. Pertenece a Línea Aborto Chile, cuyas militantes fueron instruidas en sus orígenes por la asociación holandesa defensora del derecho a elegir Women on Waves (2). Todas las noches de la semana, brindan atención telefónica desde las 20 a las 23 horas con el fin de ofrecer la información necesaria para un aborto farmacológico sin riesgos.

Mientras tanto, miles de mujeres siguen abandonadas a los revendedores del mercado negro. Importada clandestinamente de los países vecinos, la píldora abortiva Misoprostol se vende a un precio elevado (entre 40.000 y 120.000 pesos chilenos, es decir, entre 55 y 164 euros) y, a veces, en dosis inadecuadas o fuera de tiempo : sólo es eficaz hasta la décima segunda semana de embarazo. Tal y como lo explica un informe de la Universidad Diego Portales (3), cuando quienes abortan sufren complicaciones (hemorragias e infecciones, principalmente), no se exponen sólo a riegos sanitarios. Cuando van al hospital, a menudo sufren “interrogatorios, un tratamiento brusco y pueden ser denunciadas”. “Veo llegar a mujeres muy angustiadas y sin recursos –reconoce la presidenta del sindicato nacional de comadronas, Anita Román, quien trabaja en el Hospital Luis Tisné Brousse de Santiago–. Esperan para ir al hospital hasta que se encuentran en estado grave”. Pero asegura : “Nosotros no las denunciamos”. Un principio que comparte el doctor Mauricio Besio, de la Universidad Católica de Chile.

Sin embargo, 166 mujeres fueron objeto de denuncias en 2013. “Veintidós de ellas fueron condenadas”, señala el fiscal Félix Inostroza, director de la unidad especializada en delitos violentos, entre los que se incluye la IVE. “La mayoría de ellas no van a la cárcel sino que reciben penas alternativas”, precisa Ana Piquer, abogada y directora de Amnistía Internacional Chile. En 2015, seis hombres cumplen penas de prisión. El último, un enfermero de 76 años, fue condenado en 2013 a 818 días de detención por haber practicado IVE en varias ocasiones.

Así pues, la criminalización estaría en retroceso. “La situación es mucho más grave en El Salvador –insiste Piquer–. Allí, las mujeres son efectivamente encarceladas”. Amnistía Internacional lanzó la llamada campaña de las “17” en abril de 2015, haciendo referencia a las diecisiete mujeres que fueron condenadas en El Salvador a penas de hasta cuarenta años de prisión, la mayoría por homicidio agravado, entre 1999 y 2011,. Sus abogados solicitaron el indulto presidencial cuando una de ellas, Guadalupe Vásquez, fue liberada en enero, después de casi diez años tras las rejas. Algunos quieren ver en esto una señal. ¿Será El Salvador el próximo Estado que revise su legislación ?

En todas partes de la región, grupos de acción directa trabajan desde hace varios años creando vínculos de solidaridad. Línea Aborto Chile ha elaborado un práctico manual de aborto farmacológico del cual se han distribuido y descargado miles de ejemplares. “Nos inspiramos en el primer manual de América Latina, publicado en Argentina”, explica Carolina. Por su parte, algunas bolivianas han consultado la publicación, preparando el terreno de lo que tal vez se convierta en una auténtica red panamericana. 

NOTAS :

(1) “Encuesta Nacional del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales”, Universidad Diego Portales, Santiago, 2014.

(2) “Mujeres sobre las Olas”. Esta asociación, fundada en 1999, practica abortos en un barco hospital en aguas internacionales cerca de los países donde la IVE está prohibida.

(3) Lidia Casas y Lieta Vivaldi, “La penalización del aborto como una violación de los derechos humanos de las mujeres”, Informe sobre Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, 2013.