El periódico El Mundo de España publicó el 7 de marzo pasado un artículo titulado “La guerra del litio en Chile” (1). El periodista describe en términos bélicos un debate que enfrenta dos concepciones opuestas respecto a la administración y gestión de un recurso natural que constituirá a medio plazo el corazón de la economía en nuestro país. Y el tono es correcto. Se trata de una batalla, hasta ahora incruenta, pero que puede escalar violentamente si las autoridades no actúan con prudencia.

Todo estalló por la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de cambiar la legislación en esta materia. A inicios de febrero, en pleno receso legislativo de verano, presentó ante el congreso la “Agenda de Impulso Competitivo” que busca hacer que los yacimientos de litio se puedan dar en concesión a nuevas empresas multinacionales “a fin de aprovechar las necesidades de las grandes potencias”. Recordemos que la dictadura militar dividió por una ley de 1979 los recursos minerales en dos grupos : los “concesionables” y los “no concesionables”. En la primera categoría ubicó el cobre mientras que los hidrocarburos y el litio se ubicaron en el segundo conjunto. De esa forma, y según el Artículo 19 N° 24 de la Constitución, la exploración, explotación o beneficio de estos yacimientos sólo puede hacerse por el Estado, sus empresas, o mediante contratos especiales de operación. Lo que justificó esta decisión se basó en considerar al litio un “recurso estratégico” por su potencial uso en centrales nucleares. En ese momento se desconocía que su valor de mercado se acrecentaría en las décadas venideras debido a su enorme capacidad para almacenar energía, por lo que hoy es indispensable en la fabricación de baterías recargables de teléfonos ­móviles, ordenadores portátiles, marcapasos, cámaras digitales, vehículos eléctricos y hasta naves espaciales.

Si la decisión de dar en concesión el litio se hubiera respetado hoy habría amplio acuerdo en mantener ese estatus y trabajar a fin de dar el mayor valor añadido a este recurso. Sin embargo, la dictadura introdujo en 1983, de la mano del código minero redactado por José Piñera, una cláusula que abrió la puerta a los privados al declarar que en el caso de los minerales “no concesionales” sólo el Estado o sus empresas pueden explotar directamente esos recursos, “o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo”. Eso permitió que las empresas que hasta ese momento explotaban el mineral pudieran seguir haciéndolo de forma monopolística. De esa manera la Sociedad Chilena del Litio (grupo Chemetal) y Soquimich (hoy SQM) poseen en la actualidad contratos que las amparan para seguir explotando sus yacimientos sin competidores al menos por veinte años más. El caso de SQM es especialmente indecoroso ya que en 1987, cuando se privatizó Soquimich, pasó a manos de Julio Ponce Lerou, entonces yerno del dictador.

En la actualidad en lo único que hay acuerdo es en que la actual situación es altamente desventajosa para el país. Sin embargo, la solución propuesta por el ejecutivo parece estar diseñada a la medida de las grandes compañías multinacionales, como Mitsubishi, Sumitomo, Samsung y Bolloré, que durante años han presionado a las autoridades políticas para obtener nuevas concesiones de este mineral. Al hacer del litio un mineral “concesible” se pasarían a explotar 523.000 toneladas de mineral por empresa, en concesiones de 20 años. El coste es que el Estado chileno perdería su posición como potencial explotador del recurso. El argumento gubernamental justifica este cambio legal recurriendo a la vieja metáfora de Antonio Reimondi : “El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”. La solución de los ministros Golborne y de Solminihac es que el mendigo deje que le roben el banco a cambio de unas limosnas tributarias : por cada concesión el Gobierno calcula que obtendrá unos 350 millones de dólares, apenas el siete por ciento de las ganancias de las transnacionales.

Para ayudar al mendigo de Reimondi deberíamos acudir a la reflexión del economista coreano Ha-Joon Chang, profesor de la Universidad de Cambridge. Chang es uno de los expertos en economía del desarrollo más citados en la actualidad, en especial por su obra Retirar la escalera (2) donde volvió a formular la pregunta clave en estas materias : ¿cómo, de verdad, se han hecho ricos los países ricos ?. Para dar una respuesta recurre a un método inductivo, basado en datos históricos y empíricos. De acuerdo con la experiencia los países industrializados se hicieron ricos gracias a la ­implementación de políticas proteccionistas, industrialistas e intervencionistas, y no gracias al libre comercio y a la liberalización de los flujos financieros. Todo lo contrario a lo que se ha sugerido desde los centros institucionales que han operado como ­supuestos “árbitros” en materia económica. A juicio de Chang las “buenas políticas” y el “buen gobierno” que se han recetado a los países en desarrollo no han sido más que un intento de retirarles la escalera para impedirles acceder al progreso.

Lejos de lo anterior, Chang muestra cómo los países desarrollados, en su fase industrializadora, implementaron un fuerte intervencionismo ­estatal por medio de diversos mecanismos de política comercial, como aranceles, fomento de la importación de productos empleados para la exportación, y regulaciones gubernamentales. Estos programas de intervención fueron bien diseñados y mantuvieron controles rigurosos sobre los movimientos de capital internacional. ­Estos países protegieron su industria naciente dando apoyos decididos a las actividades de interés nacional. Para ello identificaron ciertos recursos claves que decidieron no privatizar, sino incorporar a una “visión de desa­rrollo general”, basada en objetivos ­concretos y medios adecuados para lograrlos.

En su último libro titulado “23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo” (3) Chang retoma el postulado de la economía neoclásica que afirma que los países en desarrollo tienen que permitir el libre flujo de capitales y mercancías para desarrollarse. Chang recuerda el caso del Reino Unido, que desde el siglo XV hasta el siglo XIX fue proteccionista y sólo se volvió partidario del libre comercio cuando había logrado asentar plenamente su industria, y necesitaba protegerla. Y el ejemplo de su país de origen, Corea del Sur, en donde se aplicaron todas las recetas prohibidas por los países desarrollados : planificación estatal, subsidios, intervencionismo, etc.

El director de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del ministerio de Ciencia de Argentina, Rodolfo Tecchi, ha propuesto la formación de una “OPEP” del litio. En un artículo publicado en el diario Clarín de Buenos Aires Tecchi aventuró “en un futuro cercano y con una producción plena, Bolivia, Argentina y Chile van a manejar el mercado del litio. Podrían hacerlo en una suerte de OPEP”. Para ello antes habría que emprender tareas previas : superar los desencuentros chileno-­bolivianos, garantizar el control estatal de los recursos, atraer inversión privada en el ámbito tecnológico, fortalecer la capacidad humana e institucional para sostener estas empresas, etc. Si fueran capaces de lograrlo, los países de la “OPEP” del litio controlarían el 85% de las reservas mundiales del mineral, por lo que podrían regular precios, tal como lo hacen los productores de petróleo (4).

Se tata de un objetivo mayor, que debería integrarse en un nuevo modelo de desarrollo como el que Osvaldo Sunkel ha sugerido : “Un Estado organizado eficazmente alrededor de esta función central correspondería a la nueva etapa del desarrollo latinoamericano, caracterizada por los objetivos de profundización democrática y de superación de la pobreza y la inequidad...También es necesario para salir de la trayectoria dependiente de productor primario y/o aprovechamiento de mano de obra barata a que hemos vuelto en gran medida, y que requiere de un esfuerzo deliberado de desarrollo y diversificación productiva y exportadora” (5). Lamentablemente, y por ahora, la fría realidad es que el gobierno chileno no necesita que nadie le retire la escalera del desarrollo. Simplemente no se atreve a encaramarse ni en el primer peldaño y piensa entregarla en concesión por veinte años. 

(1) Jorge Barreno, El Mundo, Madrid, 7 de marzo de 2012, http://www.elmundo.es/america/2012/03/07/noticias/1331152353.html

(2) Chang, Ha-Joon, Retirar la escalera : la estrategia del desarrollo en perspectiva histórica, Catarata, Madrid, 2004

(3) Chang, Ha-Joon. 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, Debate, Barcelona, 2012.

(4) http://www.ieco.clarin.com/economia/Dicen- Argentina-Bolivia-Chile-OPEP_0_508149441.html

(5) Sunkel, Osvaldo. En busca del desarrollo perdido. En : Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje a Celso Furtado. Vidal, Gregorio ; Guillén R., Arturo. (comp). Enero 2007. Disponible en : http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/vidal_guillen/27Sunkel.pdf