En la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo pasado, se nos había prometido un paso decisivo hacia la reabsorción del “déficit democrático” que caracteriza el funcionamiento de las instituciones comunitarias. El remedio milagro era el siguiente: cada partido paneuropeo designaría un jefe de filas único para el conjunto de sus componentes nacionales, y el jefe de filas del partido que obtuviera el mayor número de diputados pasaría a ser el Presidente de la Comisión Europea.

Resumiendo: al votar por un partido en su país, el elector no se pronunciaría solamente a favor de una línea política y de los candidatos que la defendieran sino también sobre el nombre del Presidente del ejecutivo bruselense. De tal modo que los partidos socialdemócratas designaron al alemán Martin Schulz; los conservadores, al luxemburgués Jean-Claude Juncker; los liberales y demócratas, al belga Guy Verhofstadt; los Verdes, a la alemana Ska Keller y al francés José Bové; y la izquierda radical, al griego Alexis Tsipras.

Según el discurso de la mayoría de los dirigentes, esta innovación permitiría combatir la abstención “politizando” la elección del Parlamento y las orientaciones de la futura Comisión. Hasta ese momento, efectivamente, y cualesquiera que fueran los resultados, las elecciones europeas desembocaban irremediablemente en un pacto entre la derecha del Partido Popular Europeo (PPE) y la socialdemocracia del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) para una alternancia de medio mandato a la presidencia del Parlamento y para el reparto de las presidencias de comisiones parlamentarias. Por primera vez, los desacuerdos políticos nacionales entre, en lo esencial, la derecha y la izquierda podrían, se nos decía, encontrar su legítima traducción en Estrasburgo y en Bruselas.

Incluso antes del escrutinio, se hacía evidente que esta argumentación era fruto de una mistificación. El presidente de la Comisión, sea socialdemócrata o conservador, está obligado a actuar en el marco de las políticas neoliberales que figuran claramente en los diferentes tratados europeos y que prohíben cualquier otra orientación. Por otra parte, la composición de la Comisión le es totalmente ajena: los otros 27 comisarios son designados por sus respectivos gobiernos y, en la fantasiosa eventualidad de que quisiera tomarse libertades respecto de las disposiciones de los tratados, no sería necesariamente mayoritario.

Después de las elecciones de mayo, y más allá de los múltiples contubernios, la realidad es la continuidad en la cogestión del Parlamento y en el apoyo a la Comisión y a los tratados por el PPE y el PSE: apoyados por los liberales y demócratas del grupo ALDE, se pusieron de acuerdo –ejerciendo presión sobre los gobiernos– para llevar una vez más a Martin Schulz a la presidencia del Parlamento y para colocar a Jean-Claude Juncker a la cabeza de la Comisión en donde sucederá a otro conservador, José Manuel Durão Barroso. 

Todo esto tiene un aire de déjà-vu que constituye una burla a las promesas. Sin embargo, hay que observar que, negándose a brindar su aval a una “gran coalición” a la alemana, los eurodiputados socialistas españoles, a instancia de su nuevo secretario general, Pedro Sánchez, votaron contra la candidatura de Jean-Claude Juncker. En cuanto a los socialistas franceses, así como los suecos y daneses, optaron por la abstención. El futuro dirá si se trata de una simple postura coyuntural o de un distanciamiento duradero con respecto a un ritual en el cual lo único que se respeta son las apariencias de la democracia.