Unos meses antes de su partida del Palacio del Planalto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentaba un proyecto de ley destinado a controlar el sector de los medios de comunicación en Brasil. Proponiendo medidas de regulación de contenidos, como la prohibición de la apología del racismo y la discriminación sexual, el texto apuntaba también a reducir la concentración de la propiedad de los órganos de prensa, en un país donde catorce grupos familiares poseen el 90% del mercado de la comunicación (1). Los medios de comunicación privados protestaron contra un dispositivo que consideraban “autoritario” y susceptible de colocar la información “bajo el control político”. En enero de 2011, el proyecto era descartado. Pero “Lula” no dejaba de señalar la pertinencia de una cuestión que preocupa desde hace algunos años a los gobiernos de la región : ¿puede existir la libertad de expresión sin un marco regulatorio y decisiones políticas que la garanticen ?

“Existe un lazo de interdependencia indisoluble entre democracia, prensa y libertad de empresa”, estima Roberto Civita, director de la revista brasileña Veja, la más leída de América Latina (27 de junio de 2012). En suma, defender la libertad de expresión implicaría proteger la de las empresas, comenzando por las de prensa. Pero ¿qué sucede cuando el programa que conduce a la elección de un dirigente político lo lleva a afectar los intereses del sector privado o de los dueños de los medios de comunicación ? Desde la llegada al poder de dirigentes decididos a (tratar de) pasar la página del neoliberalismo y debilitar a los partidos que defienden tradicionalmente a las elites, los medios de comunicación latinoamericanos parecen haber adoptado una misión que Judith Brito, directora del diario conservador brasileño Folha de São Paulo, expresa en estos términos : “Puesto que la oposición se encuentra profundamente debilitada, son los medios de comunicación los que, de hecho, deben desempeñar ese papel” (O Globo, 18 de marzo de 2010). A veces, con mucha imaginación.

Febrero de 2011. Emilio Palacio, editorialista del diario conservador ecuatoriano El Universo, calificaba al presidente Rafael Correa de “dictador”, reprochándole “haber ordenado disparar sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles”. La información era ­inexacta. Un año más tarde, una investigación del diario británico The Guardian revelaba que Televisa, la principal cadena mexicana con aproximadamente el 70% de la audiencia, vendió sus servicios al Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) para “realzar la estatura nacional” de su candidato a las elecciones presidenciales de 2012, Peña Nieto, tras haber desarrollado una estrategia destinada a “bombardear” a su rival de izquierda Andrés Manuel López Obrador (2). En 2002, el vicealmirante venezolano Víctor Ramírez Pérez se alegraba del golpe (efímero) que, gracias a la colaboración directa de los grandes órganos de prensa, acababa de derrocar al presidente Hugo Chávez. En directo por Venevisión –cadena perteneciente al hombre más rico del país, Gustavo Cisneros–, declaraba : “Tuvimos un arma fundamental : los medios de comunicación. Y quiero aprovechar esta ocasión para felicitarlos” (3).

“Cuando la defensa de sus intereses económicos entra en contradicción con el interés general, los medios de comunicación son cualquier cosa menos modelos de virtud democrática”, resumen los investigadores Elisabeth Fox y Silvio Waisbord (4). Fue sin duda una constatación similar la que hizo que algunos gobiernos latinoamericanos se decidieran finalmente a trabajar por la regulación del sector. Pero proyectos de este tipo esperaban desde hacía mucho tiempo en los cajones de los ministerios...

En 1966, Carlos Andrés Pérez, quien todavía no era presidente pero dirigía la Comisión de Política Interior del Congreso de la República de Venezuela, proponía una reforma de la ley de telecomunicaciones que databa de 1940 (aun antes de la llegada de la televisión al país). El texto fue inmediatamente calificado de “ley mordaza”, y rechazado. Tal como lo fueron todos los proyectos que siguieron. En Argentina, diversos intentos de modernizar la legislación que regulaba a los medios de comunicación, que databa de 1980, en plena dictadura, fracasaron a lo ­largo de los años 1980 y 1990, sofocados por los grandes medios de comunicación del país.

A pesar de esta resistencia, la voluntad de reglamentar esta industria no podría reducirse al “producto de una ideología”, observa la investigadora Erica Guevara. Se alimenta “de una demanda de los diferentes sectores de los medios de comunicación, debido a la fuerte presión internacional ligada al boom de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) y al ingreso de nuevos actores al mercado” (5). Estos últimos no desean que el vacío jurídico beneficie a los actores más grandes : en efecto, generalmente imprecisas y autoritarias, las legislaciones vigentes ya no se aplican desde los años 1990, dejando el campo libre a un puñado de cortesanos del poder que, por añadidura, se beneficiaron con las políticas de privatización y desregulación.

¿El resultado ? En Brasil, donde dueños de medios de comunicación ocupan uno de cada diez escaños en la Asamblea y uno de cada tres en el Senado, el grupo Globo poseía en 2006 “el 61,5% de los canales de televisión” y “el 40,7% de la difusión total de los diarios” (6). Con más de ciento veinte canales en el mundo, la red televisiva del magnate Roberto Marinho (cuyo fallecimiento “Lula” conmemoró decretando tres días de duelo nacional, en 2003) llega a más de ciento veinte millones de personas al día.

Los diarios chilenos nacionales pertenecen, ya sea al empresario Agustín Edwards, a la cabeza del grupo El Mercurio (veintidós diarios, tres de ellos nacionales, catorce estaciones de radio y una agencia de noticias), o al banquero Álvaro Saieh, quien dirige el Consorcio Periodístico de Chile S.A., Copesa (más de media docena de diarios y revistas y seis emisoras de radio) (7).

Tentacular, con unas sesenta empresas en cuarenta países y alrededor de treinta mil empleados, el grupo de la mayor fortuna venezolana Gustavo Cisneros llega a más de quinientos millones de personas en el mundo. Su cadena Venevisión concentra el 67% de la audiencia en Venezuela, pero Cisneros posee además participaciones en Chilevisión en Chile, en Caracol TV en Colombia o en el canal digital DirecTV, que se expande por el todo el continente.

En Argentina, el mastodonte Clarín representa aproximadamente el 60% del sector, con medios de comunicación de todo tipo. Principal operador de cable, publica catorce diarios y controla varias decenas de emisoras de radio nacionales, con un total cercano a los doscientos cincuenta órganos de prensa. Situaciones que, en la región, constituyen la norma, antes que la excepción.

Tras un primer periodo donde buscaron la calma (como durante un encuentro informal entre Chávez y Cisneros, en 1999), los dirigentes latinoamericanos progresistas retomaron pues la idea de un control por parte del Estado del sector de los medios de comunicación. El 8 de diciembre de 2004, Chávez firmaba el decreto de aplicación de la ley de responsabilidad social en radio y televisión (extendida a Internet, en diciembre de 2010), que apunta a la regulación de los contenidos. Además de fijar cupos mínimos de programas nacionales, el texto procuraba que Venezuela se ajustara a la Convención Americana sobre Derechos Humanos : controla la programación de imágenes de carácter sexual o violento (prohibidas entre las 7 y las 23 horas) y prohíbe la publicidad de alcohol y tabaco. Pero el dispositivo va más lejos. En el capítulo 7, artículo 28, penaliza los mensajes que “promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia”, aquellos que “fomenten zozobra en la ciudadanía”, así como... la información “falsa”. En noviembre de 2010, La Paz adoptaba un texto de ley similar, pero circunscrito a la “lucha contra el racismo y toda forma de discriminación”, mientras que la Constitución ecuatoriana de 2008 condena la información errónea susceptible de generar “conmoción social”.

Podría objetarse, junto con el director de la división de las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que “el derecho a la información abarca todo tipo de información, inclusive aquella que (...) pueda resultar ‘errónea’, ‘falsa’ o ‘incompleta’” (8). Y escuchar como respuesta que en 2002 fue precisamente una información “falsa”, deliberadamente difundida por los medios de comunicación privados venezolanos, según la cual militantes chavistas habrían disparado contra la multitud, la que precipitó el (fallido) golpe de Estado contra Chávez. Pero iniciar el debate sobre los contenidos ¿constituye el mejor modo de lograr la transformación deseada del sector de los medios de comunicación ?

 “La peor de las situaciones, observa Aram Aharonian, director del mensual venezolano Question, sería que pagáramos el coste político de medidas denunciadas como autoritarias y que limitan la libertad de expresión sin que éstas permitan avances realmente significativos”. Según él, en lugar del contenido, habría que enfocarse en la propiedad de los órganos de prensa : “Si no, el 80% de la audiencia seguirá estando en manos de las estructuras monopolísticas de los medios de comunicación privados” (9).

En 2009, Argentina decidió iniciar un proceso de este tipo. En el mes de octubre, el país adoptó una ley de “desconcentración” que reduce a diez el número de licencias que un mismo grupo puede tener, y de veinte a diez años el plazo de las concesiones. Elevando la comunicación al rango de “servicio público”, el texto distribuye el espectro radioeléctrico en tres tercios : uno para el sector comercial, otro para el Estado y un tercero para el sector sin fines de lucro. Poco sensible a las protestas de los dueños de los medios de comunicación, el relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, ve allí “un paso importante en la lucha contra la concentración de los medios de comunicación” (10). Ecuador parece haber escuchado su invitación a tomar la ley argentina como “modelo” : Quito discute (¡desde 2009 !) un proyecto de ley que comparte sus líneas generales.

La mayoría de los países de la región trataron de reducir la influencia del sector privado sobre los medios de comunicación creando medios de información a la vez públicos y sin fines de lucro, o reforzando los existentes. Pero tales esfuerzos no siempre dieron sus frutos.

En términos de pluralismo, primero, porque estos nuevos órganos de prensa a veces no resisten la tentación de compensar los desvíos de los medios de comunicación privados reproduciendo algunos de sus defectos. Un fenómeno del que un analista estadounidense, Ken Knabb, se burla en estos términos : los militantes de izquierda “piensan generalmente que se requieren muchas simplificaciones, exageraciones y repeticiones para contrarrestar la propaganda en favor del orden imperante. Lo que significa decir que un boxeador grogui por un gancho de derecha se recuperará gracias a un gancho de izquierda” (11).

En términos de audiencia, luego. Un reciente estudio del Centre for Economic Policy Research (CEPR) muestra que entre enero de 2000 y septiembre de 2010 la audiencia de los canales públicos venezolanos aumentó de 2,04% a 5,4%. Audaz, la reforma de la ley general de bancos de 2010, que, imitando una disposición similar en la Constitución ecuatoriana de 2008, prohíbe a los accionistas de entidades financieras tener medios de comunicación, no será sin duda suficiente para corregir semejante situación.

Sin embargo, se pregunta Aharonian, “ya que nuestra sociedad avanza supuestamente hacia el socialismo”, ¿no debería Venezuela dejar de asignar frecuencias y licencias de explotación del espectro hertziano a intereses privados ? “¿No deberíamos imaginar, en cambio, un único y gran espacio público (...) regulado de manera que garantizara su utilización democrática ?”. Desde el momento en que la libertad de expresión ya no se confunde con la de las empresas de prensa, ya no se necesita controlar la primera...  

(1) Cf. Giancarlo Summa, Le Rôle politique de la presse au Brésil, IHEAL, París, 2008.

(2) Jo Tuckman, “Computer files link TV dirty tricks to favourite for Mexico presidency”, The Guardian, Londres, 8 de junio de 2012.

(3) Citado por Maurice Lemoine, “Los laboratorios de la mentira en Venezuela”, Le Monde diplomatiqueen español, agosto de 2002.

(4) Elizabeth Fox y Silvio Waisbord (bajo la dirección de), Latin Politics, Global Media, University of Texas Press, Austin, 2002.

(5) Erica Guevara, “‘Téléprésidents’ ou ‘média-activistes’ de gauche ?”, en Olivier Dabène (bajo la dirección de), La Gauche en Amérique latine. 1998-2012, Les Presses de Sciences-Po, París, 2012.

(6) Giancarlo Summa, op. cit.

(7) Cf. Ernesto Carmona, “Los amos de la prensa en Chile”, 23 de noviembre de 2012, www.alai.net

(8) “Venezuela : Limit State Control of Media”, carta abierta a Hugo Chávez, 1 de julio de 2003.

(9) Aram Aharonian, “Democratizar las comunicaciones sí, pero... ¿sabemos cómo y para qué ?”, América Latina en Movimiento (ALAI), Quito, 25 de agosto de 2009. Todas las citas de Aharonian fueron extraídas de esta fuente.

(10) Citado por Marcela Valente en “Nueva ley de medios audiovisuales”, Inter Press Service (IPS), Roma, 10 de octubre de 2009.

(11) Citado por Rafael Uzcátegui en Venezuela : révolution ou spectacle ?, Spartacus, Les Lilas, 2011.