La posición oficial del Gobierno español sobre el conflicto vasco es clara : no se trata de una cuestión política. Madrid presenta a ETA (Euskadi Ta Askatasuna) como una banda criminal y terrorista, y le pone la etiqueta de esta organización a toda la izquierda abertzale que no la condenó explícitamente, incluyendo a aquellos que nunca cometieron actos violentos ni preconizaron el recurso a la violencia. Así, durante la última década, este movimiento político fue prácticamente prohibido en España, lo que constituye un enfoque a la vez desconcertante y vano.

Desconcertante porque, a pesar de las tomas de posición públicas de Madrid, desde 1998 varios Gobiernos –de izquierda (conducidos por el PSOE) como de derecha (PP)– trataron de lograr un acuerdo negociado con ETA. Vano, porque el rechazo a admitir públicamente la existencia de una controversia de orden político desacredita, en el espíritu de la población española, los intentos gubernamentales de resolver el conflicto. En efecto, resumir este conflicto a las acciones de la ETA supone que la única salida posible es el fin de la violencia de los etarras y su rendición.

Sin embargo, ante los ojos de los abertzale, la Constitución posfranquista de 1978 viola los derechos culturales, sociales, cívicos y políticos del pueblo vasco, y especialmente su derecho a la autodeterminación (1). A lo que Madrid responde que España es una democracia constitucional y que el estatuto de Comunidad Autónoma del País Vasco está inscrito en esa Constitución, de manera que el Gobierno no tiene ninguna razón para modificar esta situación, y tampoco dispone de un mandato para hacerlo. Es la oposición de estas dos perspectivas lo que estructura el conflicto político vasco. Y no la violencia de ETA.

Los atentados de la organización clandestina han producido más de 800 muertos y, por lo menos, otros tantos heridos. Entre las víctimas hay políticos, miembros de las fuerzas de seguridad, hombres de negocios, jueces, periodistas, universitarios y simples ciudadanos. Al mismo tiempo, decenas de miembros de ETA y de la izquierda abertzale fueron asesinados por grupos paramilitares y por las fuerzas de seguridad. A veces, los malos tratos recibidos con ocasión de su detención contribuyeron a radicalizar a los jóvenes nacionalistas vascos. En este círculo vicioso, la violencia de ETA también ha contribuido a desnaturalizar los aspectos políticos del conflicto, permitiendo al Gobierno español caracterizar como “terrorista” una reivindicación negociable que prefiere ignorar.

Pero, sin duda, es necesario hacer una distinción entre cuestión política y violencia. Ciertamente, si ETA se niega a poner término a la lucha armada, las fuerzas de seguridad tienen todo el derecho de tomar, en el marco de la ley, las medidas necesarias para limitarla. Sin embargo, el compromiso de diversos partidos políticos de las comunidades vascas en negociaciones dirigidas a encontrar una solución democrática negociada es lo que con mayor seguridad llevará a ETA a renunciar a sus acciones. Para mucha gente, especialmente aquellos que han sufrido la violencia –de ETA o del Estado– la paz puede parecer un objetivo fuera del alcance, incluso fantasioso. Ahora bien, tal vez sea un candor infantil, intacto y confiado, en oposición al hastío, la agresividad y el cinismo de los beligerantes y de las víctimas de una guerra prolongada, lo que se necesita para salir de ese callejón, aparentemente sin salida.

Los miembros del Grupo Internacional de Contacto (GIC) para el País Vasco representan a nuevos interlocutores en este conflicto. Imparciales, no tienen otro objetivo que la paz y la normalización política. En estas condiciones, sorprende la hostilidad que su participación en el proceso suscita entre numerosos constitucionalistas españoles. La única explicación posible es el temor a una democracia global en el País Vasco, en la cual participaría el conjunto de los nacionalistas favorables a la autodeterminación. Uno de los desafíos para el GIC es disipar esos temores.

Naturalmente, la confianza no es algo que haya que dar por sentado. Pero el compromiso internacional es un buen augurio. El cese del fuego observado actualmente en ETA es una respuesta a la invitación contenida en la declaración de Bruselas, firmada en marzo de 2010 por varias personalidades, entre las cuales hay cinco premios Nobel de la Paz (Desmond Tutu, Frederik Willem de Klerk, John Hume, Betty Williams y Mairead Corrigan Maguire) (2), la ex Alto Comisario de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, y la Fundación de Nelson Mandela. La experiencia muestra que terceros árbitros, sobre todo cuando son tan respetados, pueden ayudar a poner fin a los comportamientos desviados de las otras dos partes.

Cuando el GIC se reunió oficialmente en el País Vasco en enero de este año, el entorno sociopolítico era profundamente diferente al que había prevalecido durante la década anterior. Los cambios observados devienen en primer lugar de la decisión tomada por los dirigentes políticos de la izquierda abertzale de hacer lo necesario para poder participar en la vida política institucional de las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra.

Para la derecha política se trata de una iniciativa de ETA, deseosa de reagruparse y consolidarse ante una derrota política y militar inminente. Otro punto de vista, menos cínico, considera que la izquierda abertzale comenzaría a tomar conciencia de que, sin una participación legal y transparente en un proceso de paz y con estructuras democráticas, su proyecto político de autodeterminación no tiene ninguna posibilidad de concretarse.

La dirección de Batasuna comprendió perfectamente lo que tenía de prudente y razonable la opción de la legalización. El movimiento hacia un nuevo partido político que respete las condiciones de la legalización fue progresivo. Exigía una estrategia prudente para construir fundamentos sólidos –especialmente mediante consultas prolongadas con sus partidarios–, el apoyo de los partidos políticos del País Vasco y apoyo internacional.

En enero de 2011, la izquierda nacionalista franqueó un paso adicional, al crear una nueva organización : Sortu (“nacer” en vasco). Esta organización se comprometió a no emplear más que medios pacíficos para lograr sus fines políticos ; se disoció de cualquier organización que hubiera recurrido o recurra todavía a la violencia ; y garantizó que condenaría los actos violentos que se cometieran en el futuro, en particular por ETA (la ley española sobre los partidos lo exige).

Paralelamente, Sortu se asoció a la declaración de Bruselas que le pedía a ETA anunciar un cese unilateral del fuego, permanente y verificable, al cual la organización clandestina respondió positivamente el 10 de enero de 2011.

El Gobierno español se ha mantenido muy prudente ante estos cambios. Presentó un recurso judicial contra el estatuto legal de Sortu, que fue examinado por el Tribunal Supremo. En marzo, sus dieciséis jueces decidieron por una mayoría de nueve votos contra siete, que había que prohibir a Sortu.

Una apelación de la decisión se presentó inmediatamente ante el Tribunal Constitucional, y algunos de los partidos nacionalistas existentes (Eusko Alkartasuna, Alternatiba, Herritarron Garaia y Araba Bai) se aliaron para constituir una nueva coalición electoral, Bildu (“unirse”, en vasco), que les propuso a personas independientes, pero cercanas a la izquierda abertzale, figurar en sus listas.

Madrid obtuvo que el Tribunal Supremo también proscribiera a Bildu. Las razones invocadas eran notablemente las mismas que para Sortu : la coalición contaba entre sus miembros con individuos que habían tenido vínculos con Batasuna y, por esa causa, sería una ramificación de ETA. El 5 de mayo de 2011, el Constitucional, convocado de urgencia, consideró que la tesis de un complot de ETA no se apoyaba en ninguna prueba. Se levantó la prohibición a Bildu.

Llevar a Sortu a que aceptara satisfacer las exigencias de la legalización, con todo lo que eso implicaba, es algo que se hizo con apoyo estratégico y aliento. Una parte importante de este apoyo provino del compromiso internacional a favor del proceso de paz en el País Vasco, después de la desaparición de ETA. En efecto, aunque la organización clandestina renuncie definitivamente a la violencia y deje las armas, puede temerse que el Gobierno español entre en un punto muerto sobre los aspectos políticos del conflicto, para proclamar su victoria en la lucha contra el “terrorismo”.

La constitución del GIC está dirigida, en parte, a impedirlo. Su mandato, negociado en 2010 con los partícipes principales, es “acelerar, facilitar y favorecer la normalización en el País Vasco”.

Como se convino en la declaración de Bruselas, desde el momento en que ETA anunciara un cese del fuego unilateral, permanente y verificable, el GIC podía comenzar su trabajo. Se estableció y publicó un mandato más específico, que incluía acciones dirigidas a “permitir la legalización de Sortu ; superar las medidas especiales de restricción a la libertad de acción política ; adaptar la política penitenciaria a este nuevo contexto político ; alentar y asistir a las partes, a petición, para la preparación y elaboración de un programa que favorezca el diálogo político, mediante discusiones y negociaciones globales a varias bandas, no sometidas a condiciones ni a un objetivo predeterminado, y conformes a los “principios de Mitchell” (3) ; en caso de llegar a un punto muerto, asumir el papel de mediador si las partes lo solicitan ; y, de manera general, llevar a la población a creer en la posibilidad de llegar a un fin en el proceso de paz”.

Esta misión es apoyada por la mayoría de los partidos políticos del Pasís Vasco –incluyendo a miembros del Partido Socialista de Euskadi– ; por los tres principales sindicatos –ELA (Euskal Langileen Alkartasuna), CCOO (Comisiones Obreras) y LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak)– así como por asociaciones de empresarios. El GIC considera que la condición principal para la normalización política reside en una integración política sometida al compromiso, sin equívocos, de todos los partidos intervinientes, de recurrir exclusivamente, y de manera irreversible, a medios pacíficos y democráticos. El Grupo tiene buenas razones para pensar que este objetivo no está lejos de convertirse en realidad, así como el abandono definitivo de la violencia por parte de ETA.

La organización clandestina no tiene otra opción que seguir a Sortu. Debe saber que sus propios simpatizantes se han expresado a favor del nuevo proyecto político. Ha visto que Sortu se imponía y que se aliaba con otros partidos nacionalistas que hasta ese momento habían rechazado a Batasuna. El cese del fuego anunciado es unilateral, y responde al llamamiento de hombres de paz de envergadura internacional ; no es condicional ni está negociado con el gobierno español. La organización ha aceptado que sea controlado por la comunidad internacional y, para terminar, sabe que, si lo rompe, será condenada por Sortu. Sabe también que un cese del fuego verificable se traducirá, al fin y al cabo, en un desarme.

Nosotros disponemos de una prueba sólida del cambio operado por ETA : la suspensión del cobro del “impuesto revolucionario” (la extorsión de dinero a los empresarios), una práctica que se perpetuó durante años y que era un componente principal de la lucha armada. El GIC hizo su propio trabajo de verificación y confirmó públicamente que esta dimensión del cese del fuego era bien respetada.

Controlar que la ETA respete todos los demás elementos del cese del fuego es la primera prioridad. Se trata de un punto extremadamente sensible y complicado que, para ser eficaz y creíble, exige la cooperación del Estado. El GIC está en vías de ponerse en contacto con las partes interesadas y de consultar a expertos, con la esperanza de lograr el objetivo buscado.

La inmensa mayoría de los actores políticos y sociales del País Vasco ha comprendido que la oportunidad de ver que se implemente un proceso de paz es real. Por la manera en que se inició, y por los elementos nuevos que se han incorporado, es verdaderamente portador de esperanzas para el futuro. De la misma manera que los partidos del País Vasco dan pruebas de autoridad y de valentía, será necesario, para lograr finalmente liberar a Europa de su último conflicto político violento, que el gobierno español acepte reconocer que, efectivamente, hay un conflicto político distinto de la violencia etarra, que requiere ser resuelto por negociaciones globales a escala regional y, en última instancia, a escala nacional.

(1) NDLR. Después de la disolución de las instituciones franquistas, en 1977, el 6 de diciembre de 1978 se aprobó por referéndum una nueva Constitución. En el País Vaco, la abstención alcanzó al 45% (frente al 33% del conjunto del Estado), y el 31% de los votantes rechazaron el texto (contra el 22%).

(2) NDLR. Los dos primeros por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica, y los otros tres por su papel en el proceso de paz en Irlanda del Norte.

(3) NDLR. Georges J. Mitchell es un ex senador demócrata estadounidense que de 1995 a 1998 tuvo un papel central en el proceso de paz en Irlanda del Norte.