Un viceministro de Economía que desembarca en la sede de una de las más grandes transnacionales que operan en su país, provisto de una lista de altos ejecutivos invitados a retirarse : la escena es poco común. Sin embargo a ella asistieron los emplea­dos de la empresa española Repsol el 16 de abril en Buenos Aires. ­Algunos minutos antes, la presidenta ­argentina Cristina Kirchner había anunciado la expropiación del 51% de las ­acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Denunciada como “arbitraria” por Ana Palacios, ex Ministra de Relaciones Exteriores española, y como un acto de “piratería” por el Financial Times (1), la decisión contó con un fuerte apoyo popular. La noche del 3 de ­mayo, el Congreso argentino, poco preocupado por las amenazas de represalias económicas formuladas por el Comisario de Comercio de la UE, Karel De Gucht, aprobó la ley validando la expropiación por 207 votos contra 32 (y 6 abstenciones).

Surge sin embargo una pregunta. ¿Por qué ahora, después de nueve años de gobierno kirchnerista (primero Néstor Kirchner, electo en 2003 y después su esposa en 2007, quien fue reelecta en 2011) ? Pero sobre todo, ¿por qué este viraje de Cristina Kirchner, que había apoyado la privatización de YPF, decidida por Carlos Menem (también peronista, pero de derecha) en los años 1990 ? La respuesta es doble.

Desde el punto de vista económico, la situación energética se había tornado insostenible, en buena medida como resultado de la estrategia seguida por el ­Gobierno argentino. En el 2003, en un contexto económico marcado por una recuperación precaria tras la salida de la crisis del 2001, cuando Argentina había declarado el default de su deuda (2), el Gobierno congeló los precios de la energía : la electricidad costaba desde entonces un 70% menos que en los países vecinos. El objetivo era asegurar el abastecimiento de la población, pero también fortalecer al Estado mediante el cobro de impuestos a la exportación de hidrocarburos (a bajo precio). Aunque eficaz en el corto plazo, esta estrategia condujo a la casa matriz de Repsol-YPF, que ya venía desarrollando una política de desinversión, a disminuir aún más su actividad en Argentina y a buscar otros destinos internacionales con precios atractivos.

Sin embargo, en un contexto de crecimiento económico sostenido (la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto fue de 7,1 % de media durante los últimos ocho años), las necesidades de energía aumentaron rápidamente, y más aún teniendo en cuenta que ésta última estaba a buen precio. Por esta razón –situación paradójica para un país supuestamente petrolero– Argentina se vio obligada a incrementar las importaciones de combustible (especialmente gas de Bolivia y petróleo de Venezuela). ­Tradicionalmente positiva, la balanza energética (importaciones frente a exportaciones) comenzó a ponerse en rojo en el 2010, para alcanzar en el 2011 un déficit de 10.000 millones de dólares (y que se calcula en unos 12.000 millones para el 2012). Sin embargo, figurando como paria en los mercados desde su default en el 2001, no podía volverse hacia ellos para financiarse. Su déficit público alcanzó los 5.100 millones de dólares el primer trimestre del 2012, “un nivel quince veces más alto que el mismo periodo del 2011”. La decisión de renacionalizar YPF responde entonces a una necesidad de corto plazo : reequilibrar la balanza energética, y luego la balanza comercial. En resumen, recuperar el control de los hidrocarburos estratégicos para el desarrollo del país.

Desde un punto de vista más político, la decisión solo se explica si se tiene en cuenta el enorme apoyo popular alcanzado por Cristina Kirchner en las elecciones presidenciales de 2011. Se convirtió en la presidenta más votada desde la recuperación de la democracia en 1983. El Gobierno interpretó el resultado como un respaldo a la estrategia desarrollada hasta el momento, que incluía la recuperación de otros elementos estratégicos de la economía (como los fondos de pensión y la línea aérea de bandera [nacional], nacionalizadas en el 2008), en el marco de un modelo macroeconómico que incluye el control del tipo de cambio y del ingreso de capitales especulativos, así como un crecimiento del gasto público –que hay que financiar–. Se sintió entonces con respaldo para avanzar en lo que definió como la “profundización del cambio” : un programa político que, ante los problemas engendrados por la crisis económica mundial y las dificultades propias del país, elige la vía de la radicalización.

La radicalización resulta incomprensible para los dueños de Repsol-YPF. El Gobierno argentino ahora les reprocha haber pagado dividendos demasiado altos a los accionistas, limitando así las capacidades de inversión. Pero esta política respondía, en parte, a una exigencia de la Casa Rosada (sede del Poder Ejecutivo argentino). En 2008, en efecto, el Gobierno había impulsado el ingreso a YPF de un allegado, el banquero Enrique Eskenazi (y su grupo Petersen), que obtuvo un 15% de la empresa (luego sería un 25%), gracias a un préstamo de la misma Repsol. La operación, avalada por el Gobierno argentino, autorizó a los nuevos socios a pagar la deuda a través del giro de dividendos, que llegaron al 90%, reduciendo aún más el porcentaje destinado a inversión y exploración.

La etapa que se abre se anuncia decisiva. En medio de la histeria mediática en Europa, es necesario precisar que los riesgos a los que se expone el Gobierno argentino con esta decisión audaz, no son de tipo legal : la renacionalización fue sancionada por ley, tal como lo establece la Constitución, que autoriza la expropiación de empresas siempre y cuando se pague la indemnización correspondiente. Previsiblemente, Repsol –que pierde con YPF la mitad de su producción total, un poco menos de la mitad de sus reservas y un tercio de sus beneficios brutos– anunció que impugnará la decisión. ­Reclama una indemnización de 10.000 millones de euros ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal del Banco Mundial que, de acuerdo al ­“Tratado de protección de inversiones” firmado entre Argentina y España, debe arbitrar este tipo de controversias. Pero el mismo tratado estipula que antes de recurrir al CIADI la empresa debe presentar su reclamación ante la Justicia argentina, lo que implica un largo trámite ; sin contar que Argentina podría optar por abandonar el CIADI.

La capacidad de daño de Repsol –o del Gobierno español, que acompañó a la empresa en su respuesta– se ha revelado muy limitada. Sucede que las relaciones entre Argentina y España son fluidas : cerca de 600 empresas españolas operan en Argentina ; muchas de ellas están haciendo grandes negocios y no parecen interesadas en disgustar a Buenos Aires. Telefónica, por citar un caso, registró en 2010 un resultado operativo antes de amortizaciones de 1.082 millones de euros, 9,82% más que el año anterior.

En este contexto, el principal desafío no viene del exterior. Como consecuencia del proceso de desmantelamiento de la década de 1990, el Estado argentino perdió buena parte de sus competencias en materia de energía. Muchos ingenieros y técnicos partieron a trabajar al sector privado e incluso al exterior. El Gobierno está haciendo esfuerzos por recuperarlos para cumplir el objetivo, anunciado por Cristina Kirchner en su discurso del 16 de abril, de gestionar YPF siguiendo “las mejores prácticas empresariales”. De hecho, anunció que designará como nuevo presidente de la empresa a Manuel Galuccio, un ingeniero de 44 años que trabajó en YPF hasta la privatización y que luego desarrolló una ascendente carrera en Schlumberger, compañía de exploración y perforación.

El segundo desafío es financiero. Recuperar los niveles de producción exige un esfuerzo de exploración que permita, en un horizonte de cuatro o cinco años, mejorar las reservas probadas, sobre todo si se tiene en cuenta que los nuevos yacimientos son en su mayoría de recursos no convencionales y son, por lo tanto, mucho más costosos de explorar. Un caso clave es el de Vaca Muerta, situado en la provincia de Neuquén (al sudoeste de Argentina), y considerado como uno de los tres yacimientos de petróleo no convencional más importantes del mundo. De hecho, los directivos de Repsol aseguran que detrás de la renacionalización de YPF se esconde la intención de apoderarse de esos recursos. En realidad, se trata todavía de recursos “probables”, no comprobados. Y para extraerlos se necesitan, sólo para la primera etapa, unos 20.000 millones de dólares. Recuperar los niveles de reservas exige una cantidad de dinero que el Estado argentino, en un momento de desaceleración económica, simplemente no tiene. Por eso el Gobierno decidió mantener el status de YPF como sociedad anónima, apoderándose solo del 51% de las acciones. La intención es atraer capital privado que aporten capacidades profesionales y recursos financieros.

Pero el desafío más importante es a largo plazo. Con su privatización, YPF comenzó un largo proceso de declive. Cuando se transfirió el centro de decisión de Buenos Aires a Madrid, en 1997, Repsol-YPF relegó a un segundo plano las necesidades de producción argentinas –el abastecimiento de gasóleo a buen precio– y se consagró a un ambicioso plan de internacionalización, favoreciendo los negocios con países como Argelia o Kazajistán. Esto condujo a una contracción en los fondos destinados a la exploración. Mientras que la empresa exploraba cada año 110 pozos durante los años 1970, en 2001 no se contaban más de 30. De manera previsible, la producción cayó : la de petróleo un 54% entre 1997 y 2012, según el Ministerio de Economía, y la de gas un 97%.

Reactivar la empresa supone importantes esfuerzos, durante muchos años. Con un respaldo político importante que incluye a casi toda la oposición, una aprobación de la sociedad abrumadora y el precio del petróleo por encima de los 100 dólares (precio que podría aumentar aún más), el inicio de la nueva etapa es auspicioso.

(1) El 25 y el 18 de abril de 2012, respectivamente.

(2) Léase Maurice Lemoine, “Frente a los acreedores, osadía argentina y pusilanimidad griega”, en Le Monde diplomatique en español, abril de 2012.