Se ha consolidado, en España, una alianza neoliberal en la que convergen tres sectores que defienden soluciones mercantilistas para los problemas educativos : a) intelectuales “neocon” que abogan por el “retorno” a mayores niveles de exigencia y a una supuesta “cultura común” (1) ; b) fundamentalistas religiosos y autoritarios que se sienten amenazados por el laicismo e intentan preservar a toda costa sus privilegios ; c) sectores concretos de la nueva clase media que profesan la ideología y las técnicas de la calidad, la medición y la “gestión”.

Aunque en esta alianza existen tensiones y conflictos, su objetivo común es crear las condiciones educativas que consideran necesarias para aumentar “la competitividad, la disciplina y el espíritu empresarial”, reclamando a su vez la vuelta al pasado con una imagen mistificada de la escuela, la familia y la nación (2).

El pacto que exige esta “alianza” es un modelo de educación basado en la continua superación de exámenes, como si de una carrera de obstáculos se tratara. Una educación regida en su mayor parte por grupos económicos y religiosos que recuperen la vieja disciplina y seleccionen a una élite reducida para el acceso a una educación superior, supeditada a los intereses del mercado. Exigen garantizar la “libre elección de centro” a base de ampliar todavía más los conciertos, que pasarían a ser un “derecho” de los centros privados ; garantizar también la “lengua y cultura comunes” en todo el Estado, dando por supuesto que están amenazadas ; separar al alumnado de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) cuanto antes para que sólo los “excelentes” pasen a los cursos superiores ; establecer pruebas de nivel al finalizar Primaria y Secundaria “a efectos de comparación”, con el fin de clasificar centros y alumnado, como si de una liga futbolística se tratase ; establecer por decreto (nunca mejor dicho) la autoridad pública de los docentes… Toda una contrarreforma profunda del sistema educativo vigente.

En la propuesta ministerial se plasman la mayoría de estas exigencias : se renuncia a hacer del servicio público de educación, de titularidad y gestión pública, el centro del sistema educativo ; reforzando el modelo privado concertado existente, al tratarlo como parte del denominado “Servicio Público de Educación”. Se equipara así la escuela privada concertada, mayoritariamente confesional y selectiva, con la de titularidad pública, lo que significa un retroceso en la defensa del modelo público como “eje vertebrador del sistema educativo español”, que debería ser un objetivo irrenunciable para un gran acuerdo en materia de educación, como se reclama en el último informe del Consejo Escolar del Estado (3).

Se perpetúa el sistema de conciertos, renunciando a toda supeditación de lo privado a la planificación pública y propiciando lo contrario, como en el caso del primer ciclo de Educación Infantil, donde el texto ministerial ni siquiera se compromete a “promover el incremento progresivo de plazas públicas”, como establece la Ley Orgánica de Educación (LOE, art. 15.1).

Se abre también la puerta a las empresas en la Formación Profesional, a través de la Ley de Economía Sostenible, y en la Universidad. En este caso se adorna con el discurso de la necesidad de conexión con la sociedad y se propicia la utilización de unos medios públicos en la investigación que las grandes empresas pagarán y por lo tanto determinarán. Se ha claudicado también en la comprensividad de la educación obligatoria, recuperando viejos itinerarios segregadores (pre-Bachillerato versus pre-FP, Formación Profesional), por los que derivar alumnado ya desde 2º o 3º de ESO. 

En resumen, el pacto educativo recoge las aspiraciones de la derecha y de los propietarios de centros concertados (especialmente la Iglesia Católica) abriendo más puertas a la privatización.
Sería deseable un gran acuerdo en materia educativa, pero siempre y cuando las medidas que se articulen en dicho Pacto se encuadren en el marco de una educación pública, laica, democrática y de calidad para todos. La escuela pública es la que más y mejor asegura la igualdad de derechos y la convivencia democrática de personas con distintas procedencias socio-culturales. Y por ello, la que mejor contribuye a la equidad y a la cohesión social. Las propuestas, por tanto, tendrían que orientarse a la mejora real de la enseñanza pública y del sistema educativo, articulándose en torno al siguiente “decálogo” de orientaciones básicas :

1. El Sistema Público de Educación debe ser el eje vertebrador fundamental del sistema educativo, estableciendo mecanismos efectivos para que las distintas administraciones educativas potencien la educación pública, mediante una red planificada de centros docentes de titularidad y gestión pública, con suficientes plazas escolares para el conjunto de la población. Impedir las cesiones de suelo municipal para la creación de centros privados concertados (“el suelo público sólo para centros públicos”) ; garantizar su carácter subsidiario y el control e inspección sistemática para que cumplan estrictamente la normativa, suprimiendo aquéllos que incurran en prácticas de selección o discriminación. Avanzar hacia la reducción de los conciertos educativos, con la posibilidad de integración de los centros concertados en la red pública.

2. Calidad con equidad. Una Escuela Pública cuyo objetivo principal sea garantizar el derecho de todos a aprender con éxito y obtener la titulación correspondiente, sea cual sea su procedencia social o cultural. No se trata de mejorar el sistema educativo para lograr mayores cotas de “excelencia” para algunos, sino de poner en práctica políticas concretas para evitar el fracaso escolar de muchos. Esto pasa por una red de centros que cubra toda la demanda de plazas públicas de 0 a 3 años en Escuelas Infantiles (¡no en guarderías !), al tratarse de una etapa crucial para el desarrollo personal y factor decisivo para el éxito escolar. La calidad pasa también por reducir el número de estudiantes por grupo y por profesor, potenciar la atención tutorial y dotar de servicios de orientación a todos los centros públicos de Primaria y Secundaria. Por incorporar nuevos perfiles profesionales en la escuela : educadores y trabajadores sociales, mediadores interculturales, etc. Por establecer un sistema integral de becas y ayudas al estudio, así como la gratuidad de los materiales didácticos y de los comedores escolares. Por relegar la repetición de curso sólo a situaciones excepcionales de carácter madurativo ; así como por establecer comisiones de escolarización permanentes y centralizadas, para evitar la selección del alumnado por los centros.

3. Evaluación como estrategia de mejora. Que sirva de autoevaluación para la mejora de toda la comunidad educativa de los centros, con apoyo técnico de la Administración ; que les permita analizar sus puntos fuertes y sus dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no como “medida de resultados” del alumnado para establecer clasificaciones de centros. 

4. Escuela pública inclusiva e intercultural. Una escuela de y para todos y todas, que utiliza su metodología y organización para que las respuestas a las necesidades del alumnado con más dificultades beneficien a los demás ; que busca así promover la excelencia de todo el alumnado y reconstruye el curriculo tradicional para que sea relevante para todos y todas, más representativo de otras ópticas no contempladas habitualmente, integrando visiones, culturas y subculturas olvidadas, silenciadas u ocultadas, con una perspectiva de género.

5. Escuela pública laica. Para que el adoctrinamiento religioso de las enseñanzas confesionales quede fuera del currículo y del horario lectivo. Las creencias y los símbolos religiosos forman parte del ámbito privado y, por tanto, deben estar al margen del currículo escolar. Es imprescindible derogar el Acuerdo suscrito con el Vaticano.

6. Formación profesional pública : Oferta ampliada y con un tratamiento equitativo de todas las familias profesionales en función de su utilidad social y no sólo de la rentabilidad de las empresas ; control público de otras actividades formativas de FP ; formación y orientación laboral que impulse una cultura sindical solidaria y participativa.

7. Apoyo y motivación del profesorado : Acordar un Estatuto de la función pública educativa que mejore las condiciones laborales, recoja como dedicación lectiva las tareas y funciones que hoy demanda el sistema educativo, configurando claustros estables y estableciendo el cuerpo único de profesorado. Diseñar una formación inicial que combine teoría con práctica tutorizada en centros educativos durante todo el proceso, y formación permanente en horario laboral que fomente su autoridad profesional mediante la adquisición de estrategias de diálogo y negociación para resolver conflictos.

8. Escuela pública democrática. Para fomentar la democracia real en la vida del centro, y no el modelo de gestión empresarial, como instrumento para impulsar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la toma de decisiones consensuada ; que recupera el derecho a la elección por los consejos escolares de los equipos directivos ; donde las asambleas de reflexión, deliberación y acuerdos son práctica habitual y se aprende a definir prioridades, plantear proyectos y decidir la distribución de los recursos públicos mediante presupuestos participativos.

9. Universidad pública al servicio de la sociedad. Paralizar y debatir con toda la comunidad universitaria la aplicación del proceso de Bolonia y la “Estrategia Universidad 2015”, para construir una universidad pública al servicio de la sociedad y no del mercado ; donde la transferencia de conocimiento tecnológico sea de dominio público, no un negocio privado ; con una gestión democrática y participativa, sin pruebas de acceso selectivas y con una financiación pública suficiente para garantizar un sistema de becas-salario y ayudas al estudio, tanto en los grados como en los máster.

10. Ley de financiación del sistema educativo, que garantice, en un plazo limitado, la suficiencia de recursos para afrontar las medidas planteadas, mediante una financiación sostenida y equitativa, asegurando que en los próximos seis años se alcanzará el 7% del PIB en gasto público educativo. Sólo así se podrá hacer realidad la mejora del sistema educativo y el derecho universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad.

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NOTAS :

(1) En Italia, Silvio Berlusconi la resume con el lema de las “tres estrellas polares” de la política educativa : “Inglés, Internet, Empresa”, que condensa la aplicación del ideario neoliberal.

(2) Michael Apple, Educar “como Dios manda”. Mercados, niveles, religión y desigualdad, Paidós, Barcelona, 2002, p. 87.

(3) www.educacion.es/cesces/informe-2007-2008/datos/entrada.htm