Después de cuatro elecciones presidenciales sucesivas ganadas por el Partido de los Trabajadores (PT) desde 2002, las fuerzas conservadoras lograron reorganizarse para derrocar a la presidenta Dilma Rousseff y reemplazarla por el ex vicepresidente Michel Temer. La maniobra, más que dudosa en el plano jurídico (1), no habría resultado tan sencilla si el PT no hubiera cometido tantos errores. Renunció a hacer un llamamiento a la movilización popular, tejió alianzas reiteradas con diversos sectores de la derecha (algunos de los cuales participaron más tarde en su derrocamiento) y escogió responder a la crisis económica por la vía de la austeridad, a riesgo de amplificar el descontento social (2). Este cúmulo de decisiones no facilitaron el surgimiento de una reacción amplia frente a la ofensiva de la derecha.

Una vez en el poder, Temer no tardó en ponerse manos a la obra. Su receta : un liberalismo frenético en el plano económico y un conservadurismo militante en el ámbito político. Sus primeras decisiones esbozan ya un periodo de regresión social sin precedentes en la historia reciente del país.

La composición de su Gobierno permite pensar que ni la diversidad ni la paridad figuran entre sus prioridades. Ninguna mujer, ningún negro : solamente hombres blancos de avanzada edad ligados a las oligarquías regionales, muchos de los cuales son sospechosos de corrupción. Los ministerios de Derechos Humanos y de Reforma Agraria han desaparecido. Poco faltó para que el nuevo Presidente se librara también del Ministerio de Cultura ; renunció a hacerlo ante las protestas indignadas de un medio artístico que no se escandalizó tanto por la supresión de las otras carteras.

Aunque el programa de Temer le otorga el apoyo del sector bancario y de las grandes empresas, nunca ha sido sometido a votación. Además, durante un encuentro con los grandes nombres de la patronal brasileña, el nuevo Presidente prometió que “no [se presentaría como] candidato a [su] reelección”, antes de recalcar que ese compromiso le dejaba vía libre para “dar prioridad al ajuste presupuestario” (3). En otras palabras, se mostrará tanto más determinado cuanto que no corre el riesgo de pagar el precio político de las medidas impuestas a la población, las cuales se anuncian severas.

El programa económico del recién llegado se organiza en torno a tres propuestas : una enmienda constitucional destinada a fijar un techo de gasto público (la PEC 241) ; una “reforma” de la protección social ; una “flexibilización” de la legislación laboral.

La PEC 241 impone la congelación de las inversiones públicas en todos los sectores durante un periodo de veinte años. Con esta enmienda, el gasto federal no crecerá más que la inflación hasta 2037 ; por lo tanto, no aumentará en términos reales, contrariamente a la demografía. La medida, sinónimo de derrumbe de los servicios públicos y de eliminación de los programas sociales, carece de precedentes a nivel internacional. El pretexto que ha invocado el poder : la urgencia de reabsorber el déficit presupuestario y de pagar la deuda pública. Ésta, que ha aumentado desde 2014, no representa sin embargo más que el 66% del Producto Interior Bruto (PIB), un nivel inferior a aquellos registrados en el seno de la Unión Europea. La PEC 241 ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y, posteriormente, por el Senado el 13 de diciembre de 2016.

La reforma de la Seguridad Social no es menos alarmante. Temer retomó, llevándola aún más lejos, una idea planteada por Rousseff que ya implicaba una reducción de derechos. Los detalles del proyecto oficial todavía no se han presentado ante el Congreso, pero ya se sabe que prevé el aplazamiento de la edad legal de jubilación hasta los 65 años. En algunas regiones del país, la esperanza de vida ni siquiera alcanza esa edad…

Tercera ambición : flexibilizar la legislación laboral y abaratar el “coste” de la mano de obra. ¿Cómo ? Autorizando la subcontratación en todos los sectores de actividad y haciendo que la negociación entre la empresa y el trabajador prime sobre la ley. Este último punto retoma un proyecto de ley que ya está siendo examinado en el Parlamento, el cual pretende legalizar contratos… derogatorios de la legislación, ya que han sido negociados entre patronos y empleados.

Este conjunto de propuestas ha servido para obtener el consentimiento de las elites económicas al proyecto de destitución de Rousseff concebido por la derecha parlamentaria, respecto del cual se habían mostrado indecisos en un primer momento. ¿Acaso no había intentado la Presidenta apaciguar a este sector estableciendo ella misma las bases de un ajuste estructural en 2015 y considerando una reforma de la Seguridad Social ? Fallaron los cálculos : sus medidas agravaron la recesión y el descontento popular ; por su parte, las empresas y los bancos, considerando insuficiente su determinación, prefirieron reemplazarla por Temer…

Su destitución marca el final de un ciclo en Brasil. Durante trece años, los Gobiernos de Luiz Inácio “Lula” da Silva y, más tarde, de Dilma Rousseff trabajaron para reforzar un “acuerdo” consistente en promover ciertos avances sociales y una mejora de la vida de los más pobres sin amenazar los intereses de los más ricos. La miseria retrocedió a la vez que los beneficios aumentaban. Así, Lula da Silva fue el gran arquitecto de una política de conciliación (4).

La “planta inferior” de la sociedad se vio beneficiada con políticas de aumento del salario mínimo, de refuerzo de la capacidad de consumo de los trabajadores, así como de programas sociales de lucha contra la miseria o de acceso a la universidad, a la vivienda y a la sanidad. La “planta superior”, por su parte, gozaba de créditos concedidos por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y de generosas exenciones fiscales. Sus privilegios históricos nunca fueron cuestionados. La fiscalidad, regresiva, no fue modificada, así como tampoco el nivel de concentración de la propiedad rural y urbana. El PT mantuvo –y hasta reforzó– la política que tenía como objetivo liberar un excedente primario para garantizar el pago de una deuda en gran parte en manos de las clases dominantes del país. Nunca intentó impugnar el dominio del sector privado sobre los medios de comunicación ni erradicar la corrupción, lubricante del sistema político que heredaba (5).

Este acuerdo presentado como “ganador-ganador” no habría sido posible sin crecimiento. Éste fue significativo (un 4% de media durante los dos Gobiernos de “Lula”), sobre todo gracias a una situación internacional favorable : subida de los precios de las materias primas y crecimiento chino. Ese contexto facilitó el aumento de las reservas de divisas y permitió incrementar las inversiones sociales sin tener que realizar ni la más mínima reforma estructural.

Con la crisis de 2008 y el cambio de contexto internacional, este modelo se vino abajo. En 2009 la política anticíclica de Lula da Silva logró, en un primer momento, mantener el crecimiento y postergar la catástrofe. Pero en 2014, cuando Rousseff dirigía el país, el acuerdo “ganador-ganador” comenzó a dar señales de agotamiento. El margen de maniobra para mantener la conciliación de los intereses se restringía, y la respuesta de la Presidenta –la austeridad– precipitó la crisis.

Ésta se volvió flagrante durante las manifestaciones de junio de 2013 (6), que marcaron el final del consenso social que garantizaba la hegemonía del PT. La operación judicial de lucha contra la corrupción “Lava Jato” (“lavado de alta presión”) empañó la imagen del partido a la vez que reducía la capacidad de inversión de la compañía petrolera nacional Petrobras y de las grandes empresas. La base parlamentaria del Gobierno implosionaba precisamente cuando la derecha procedía a juntarse. A partir de entonces, resultó imposible ignorar la debacle estratégica del PT y su colapso institucional.

Esta situación pone a la izquierda brasileña y a los movimientos sociales frente a nuevas dificultades. La debacle del PT arrastró al conjunto del campo progresista, facilitando la ofensiva de los conservadores y de los liberales. Los escándalos de corrupción afectaron profundamente a la autoridad moral de aquellos que encarnan la izquierda a ojos de la población. Y la incapacidad del partido para realizar una autocrítica real o para medir el agotamiento de su estrategia agrava la crisis.

El PT fue la fuerza hegemónica de la izquierda brasileña durante 35 años. Representó el lugar de unión de las fuerzas del movimiento social y de los sectores progresistas. En la actualidad, su capacidad para desempeñar ese papel se ha debilitado. Esto no significa que haya muerto, tal y como lo afirman los editorialistas. Lula da Silva sigue disponiendo de un importante apoyo entre la población ; probablemente encarna la mejor opción ante la perspectiva de las próximas elecciones presidenciales, a pesar del linchamiento jurídico-mediático del que es objeto. No obstante, el partido ha perdido mucho dinamismo y capacidad de movilización. Ha envejecido.

¿Cómo reaccionará la izquierda, en la medida en que no ha aparecido ninguna fuerza capaz de ocupar el espacio dejado por el PT ? Por supuesto, se observan importantes resistencias, sobre todo contra la PEC 241 y la corrupción de los dirigentes políticos –además, el presidente del Senado, Renan Calheiros, acaba de ser imputado por malversación de fondos públicos, un enjuiciamiento que ha echado leña al fuego de la cólera popular–. Los “sin techo” han llevado a cabo importantes movilizaciones en las grandes ciudades. En el plano político, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), aunque minoritario, reúne a un grupo de parlamentarios combativos que abandonaron el PT para crear una formación situada más a la izquierda. Pero estas iniciativas todavía son insuficientes para representar una solución.

Por lo tanto, la izquierda se encuentra enfrentada a dos grandes desafíos. El primero : lograr ampliar la protesta contra el Gobierno de Temer, lo que dependerá de la capacidad de los movimientos sociales para unir sus fuerzas y hacer comprender a los trabajadores la gravedad de estos ataques. El segundo : construir un nuevo campo político asumiendo el hecho de que el periodo del consenso ya ha pasado. En la actualidad, no es posible plantearse el menor avance social sin ruptura ni confrontación. En otras palabras, ya no es posible gobernar sin la movilización de la calle. La elite y la derecha lo han comprendido ; una parte de la izquierda sigue dudando.

¿Qué solución permitirá evitar que la insatisfacción social y política –amplificada por la crisis– sea canalizada hacia una “nueva derecha” que, a nivel internacional, ha sabido encauzar la cólera a través de outsiders como Donald Trump en Estados Unidos, Nigel Farage en el Reino Unido o Marine Le Pen en Francia ? Un fenómeno del que Brasil no se verá exento.

Se hace urgente que la izquierda recupere la radicalidad que conscientemente relegó cuando accedió al poder. Radicalidad democrática : un objetivo de participación política y de representación de la diversidad brasileña. Radicalidad estratégica : un programa de transformación social ambicioso, susceptible de reavivar la esperanza (transformación del sistema político y del modelo productivo, reforma del sector de los medios de comunicación, etc.). La forma institucional que adoptará este campo todavía no está clara, así como tampoco el tiempo que exigirá su constitución. Pero su necesidad se hace cada día más evidente. 

 

NOTAS :

(1) Véase Laurent Delcourt, “Primavera engañosa en Brasil”, Le Monde diplomatique en español, mayo de 2016.

(2) Véase Breno Altman, “El giro a la derecha del Partido de los Trabajadores”, Le Monde diplomatique en español, abril de 2015.

(3) Folha de São Paulo, 30 de julio de 2016.

(4) Véase Geisa Maria Rocha, “¿Cuál es el balance social de Lula ?”, Le Monde diplomatique en español, septiembre de 2010.

(5) Véase Lamia Oualalou, “300 ladrones con título de doctor”, Le Monde diplomatique en español, noviembre de 2015.

(6) Véase Janette Habel, “Brasil vuelve a tirarse a la calle”, Le Monde diplomatique en español, julio de 2013.