Los resultados de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre en Venezuela fueron devastadores para el presidente Nicolás Maduro y para la revolución bolivariana. La oposición ganó el 67% de los escaños de la Asamblea Nacional, es decir, 112 de 167. Esa mayoría de las dos terceras partes le garantiza poderes de una magnitud inédita desde la primera elección de Hugo Chávez como presidente el 6 de diciembre de 1998.

Pese a la dura derrota, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados lograron reunir el 41,6% de los votos, es decir, 5,6 millones de electores, mientras que la coalición de derechas, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), obtuvo el 54,4% de los votos, es decir, 7,5 millones. Con relación a las elecciones presidenciales de 2013, la oposición ganó 400.000 votos, mientras que los chavistas perdieron 2 millones. Así pues, el triunfo de la derecha no se debe tanto a su poder de atracción como a la lasitud de buena parte del electorado bolivariano, que prefirió salir de pesca en lugar de ir a votar (1).

Muchos venezolanos lo reconocen : su abstención es, principalmente, un voto de castigo por la espantosa crisis económica, marcada por una inflación de alrededor del 200%, por las penurias constantes y por las colas de espera de varias horas para conseguir productos de primera necesidad –al menos aquellos cuyo precio está bajo control del Gobierno (2)–.

En los últimos diecisiete años –a excepción del corto periodo del golpe de Estado fallido en 2002–, la oposición nunca se había acercado tanto a su objetivo de derrocar la revolución bolivariana. Para lograrlo por completo, ahora busca tener en sus manos todas las palancas de la Administración. Venezuela se diferencia de la mayoría de las democracias parlamentarias debido a su Estado ramificado en cinco secciones : además de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, dispone de una autoridad electoral y de un “poder ciudadano”, que incluye las funciones que en Francia se conocen como inspector general de finanzas, procurador general y mediador de la República. Exceptuando a los miembros del Ejecutivo, todas las autoridades de esos diversos sectores son elegidos por la Asamblea Nacional, lo que significa que los que ocupan actualmente esos puestos siguen perteneciendo a la antigua mayoría chavista.

La Constitución venezolana no otorga prerrogativas ilimitadas a los diputados, aunque controlen las dos terceras partes de los escaños : el Presidente es quien nombra al Gobierno. Así pues, la actual mayoría debe elegir entre tres alternativas para tomar el control del país. La más radical sería convocar a una asamblea constituyente, con el fin de reescribir la Constitución de 1999 y, acto seguido, someter el nuevo texto a un referéndum. La segunda, apenas menos drástica, consistiría en iniciar una reforma constitucional orientada a modificar algunos puntos importantes de la Ley fundamental para facilitar la toma de poder de la Asamblea en las otras ramas del Estado –a condición, una vez más, de conseguir la aprobación del pueblo–. Por último, los representantes del MUD pueden tratar de destituir a los principales dirigentes de las instituciones rivales : al Presidente, por supuesto, pero también a los miembros del Tribunal Supremo, del Ministerio Público, del Consejo Nacional Electoral, etc.

Cada una de esas alternativas implica riesgos elevados para los nuevos hombres poderosos de la Asamblea. Primero, bastaría con que un diputado de la derecha renunciara o se pasara al bando enemigo para que la derecha perdiera su mayoría de las dos terceras partes y viera sus esfuerzos reducidos a la nada. Esa posibilidad no es tan improbable, ya que la MUD, una coalición muy heteróclita, reúne a doce partidos, que en algunos casos se detestan de forma cada vez menos cordial. Garantizar la disciplina sin fisuras de sus representantes no será fácil. Teniendo en cuenta la larga historia de negociaciones y de cambios de alianzas en la Asamblea Nacional, incluso entre facciones pro y antigubernamentales, no es impensable que el PSUV logre corroer la súper mayoría de la MUD.

De las tres opciones planteadas por la Constitución de 1999 (contra la que gran parte de la oposición protestó), la más simple para la derecha consistiría en tratar de hacer rodar las cabezas del Estado una tras otra, empezando por los miembros del Tribunal Supremo, puesto que son ellos quienes tienen el poder de validar o no los procedimientos de destitución. Pero previamente, haría falta que el procurador general aceptara poner bajo acusación a la instancia judicial de mayor rango del país. Y el procurador es partidario de Maduro...

Queda una cuarta posibilidad, para la cual no se necesita a la Asamblea Nacional : llamar a un referéndum revocatorio contra el Presidente. Como la crisis económica hizo caer en picado su índice de popularidad, muchos de sus opositores consideran que esa es la mejor manera de lograr su destitución antes del final de su mandato en enero de 2019. Pero esta alternativa tampoco sería tan fácil : hay que conseguir el apoyo del 20% de los electores inscritos para abrir el proceso de referéndum. La última vez que la oposición intentó tomar este camino, contra el presidente Chávez en 2004, tuvo que batallar durante meses para reunir los 2,5 millones de firmas requeridas. Desde entonces, el cuerpo electoral ha crecido considerablemente ; no sólo por razones demográficas, sino porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) registró a una amplia franja de la población que hasta ese momento no votaba. El número de firmas exigido para realizar un referéndum se eleva hoy a 4 millones. Incluso contra un Presidente impopular, movilizar a suficientes voluntarios para reunir esas firmas puede llegar a significar una misión ardua.

Pero la oposición no está inerme. Puede abocarse inmediatamente a derogar varias leyes progresistas de la era Chávez, tal y como ya lo anunciaron algunos de sus portavoces. Entre los blancos prioritarios figurarán, sin duda, la reforma agraria de 2001, que establece un impuesto a las tierras improductivas e impide que una sola persona posea una superficie superior a las 5.000 hectáreas (3) ; la ley laboral de 2013, que prohíbe, por ejemplo, los despidos masivos y que reduce la semana laboral de 44 a 40 horas ; la ley de responsabilidad de los medios de comunicación de 2004, que introduce un control de los contenidos y que favorece el desarrollo de los medios de comunicación del tercer sector, denominados “comunitarios” (4) ; y la ley de control de precios. A continuación vendrían algunos acuerdos multilaterales –como el programa de ayuda petrolera al Caribe, Petrocaribe (5)–, la financiación de la cadena internacional venezolana TeleSur, los fondos públicos adjudicados a los programas sociales y las grandes empresas estatales, como la compañía telefónica, que la derecha sueña con volver a privatizar. No obstante, la oposición tiene previsto, antes que nada, hacer aprobar una ley de amnistía a favor de aquellos que califica como “presos políticos”, condenados por corrupción o por incitación a la violencia, como Leopoldo López (6).

Para el interés del país, lo más urgente sería reparar el sistema de control del tipo de cambio, cuyos defectos permitieron que los círculos empresariales libraran una auténtica guerra económica contra el Gobierno de Maduro. Pero la oposición no parece tener prisa en iniciar ese proceso. ¿Por qué modificar un sistema que tiene la ventaja de ir debilitando cada vez más al Presidente ? Por otra parte, tocar el tipo de cambio podría llegar, a corto plazo, a agravar un poco más las dificultades de la población ; y la oposición no tiene ganas de asumir la responsabilidad de semejante escenario (7).

Sin duda, Venezuela se dispone a vivir tiempos altamente conflictivos. La derecha reconquistó un pilar del poder, a partir del cual se esforzará en destruir la mayor cantidad posible de conquistas de la era Chávez. Pero su margen de maniobra sigue estando limitado, sobre todo frente a un movimiento bolivariano que no perdió nada de su poder, ni en el Estado ni entre la población. Las resistencias frente a un intento de restauración del neoliberalismo serán tanto más enérgicas cuanto que las fuerzas del chavismo están actualmente en pleno proceso de renovación y de reorganización tras su amargo fracaso en las urnas.

Desde que se anunciaron los resultados, Maduro y los movimientos sociales que componen la galaxia chavista organizan una serie de encuentros que tienen como objetivo “preparar el renacimiento de la revolución bolivariana, desde abajo hacia arriba”, según palabras del Presidente (15 de diciembre de 2015). Los disidentes también alzan la voz, en particular los ex ministros Héctor Navarro (Enseñanza Superior), Jorge Giordani (Planificación) y Miguel Rodríguez Torres (Interior) ; plantean críticas y, al mismo tiempo, propuestas constructivas para corregir la política del Gobierno. También se organizan asambleas callejeras, donde todos los chavistas presentan su análisis de las causas de la derrota. Por último, el Gobierno convocó una semana de reunión para todos los representantes de los consejos comunales y de las comunas. La eficacia de semejante despliegue de actividad dependerá de la manera en la que el Gobierno se apropie de las sugerencias planteadas por los movimientos sociales, sobre todo en el ámbito económico...

 

NOTAS :

(1) Aunque la participación (un 74,25%) fue mayor que en las anteriores elecciones legislativas, de 2010 (un 66,45%).

(2) Gregroy Wilpert, “Venezuela y el exceso de petróleo”, Le Monde diplomatique en español, noviembre de 2013.

(3) Maurice Lemoine, “Ardua y decidida reforma agraria en Venezuela”, Le Monde diplomatique en español, octubre de 2003.

(4) Renaud Lambert, “En Latinoamérica, los gobiernos se enfrentan a los dueños de los medios de comunicación”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2012.

(5) En virtud de este acuerdo, distintos países del Caribe compran a Venezuela petróleo crudo a una tarifa preferencial.

(6) Franck Gaudichaud, “De Santiago a Caracas, la ‘mano negra’ de Washington”, Le Monde diplomatique en español, junio de 2015.

(7) Ladan Cher, “Venezuela, minada por la corrupción”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2015.